POSADAS. Un poderoso abogado local que tuvo fuerte influencia en la empresa Emsa durante la gestión del ex presidente Héctor López Ricci se adjudicó más de seis millones de pesos solo en honorarios por representar a la empresa en un solo juicio iniciado en 2008, que aún se tramita en los estrados judiciales y no tuvo sentencia definitiva.El letrado tuvo amplio poder para manejar las demandas de Emsa durante la presidencia de López Ricci, a quien todavía continúa vinculado políticamente. Entre 2008 y 2010 actuó como representante y tuvo injerencia en otros numerosos negocios relacionados con Emsa; gracias a los poderes que le concedió el entonces presidente. Uno de ellos era el cobro digitalizado de las boletas a través de una empresa tercerizada creada para la ocasión.López Ricci y el letrado siguen vinculados políticamente en un espacio que oscila entre el peronismo y el Frente para la Victoria, aunque mantienen contactos con algunos hombres del Frente Renovador. En el Gobierno sospechan que hubo una especie de acuerdo para promover una “industria del juicio” y ahora sentarse a reclamar sumas millonarias. Luego de asumir Sergio Ferreyra, el estudio jurídico perdió la representación legal de la empresa por lo cual inició los reclamos para cobrar la millonaria suma solo en concepto de honorarios.PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso en exclusiva al expediente que autoriza el pago y la factura que presentó el ex representante legal de la empresa, que también es empresario de medios. La causa se tramita en el Juzgado Federal de Posadas, secretaría Laboral y Contencioso Administrativa. En la factura presentada para el cobro, por la suma de $6.242.858,27, el detalle señala: “Pago honorarios según acuerdo de reconocimiento” en una causa iniciada por Electricidad de Misiones SA contra la Entidad Binacional Yacyretá por supuesta expropiación irregular de tierras a raíz de la crecida del embalse de la represa.El actual presidente Ferreyra, en un principio, estaba en desacuerdo con abonar semejante suma y su interpretación reducía el monto del reclamo a la mitad; en coincidencia con los honorarios regulados por la justicia para la causa.En principio, la resolución regulatoria de honorarios había sido por un monto inferior, alcanzando 3,2 millones de pesos, pero fue recurrida por los “profesionales” hasta finalmente lograr un acuerdo por casi el doble de esa suma.En el “acuerdo de reconocimiento y pago de honorarios profesionales”, al que tuvo acceso este diario, se lee: “En dichos autos se dictó la resolución regulatoria de honorarios con fecha 1 de marzo de 2012, a favor de los profesionales, por la suma de $ 2.527.221; más la suma de $758.166 en concepto de labor de procuración”.Más adelante se indica que esta suma fue rechazada por un reclamo mayor. “Dicha sentencia (regulatoria de honorarios) se encuentra recurrida al presente, motivo por el cual el monto de los honorarios que se reconocen y comprometen en pago es acordado en la suma de $6.242.585,27, con los intereses de financiación incluidos e IVA y deducción de los tributos pertinentes que se retienen”. Realizando los descuentos correspondientes, el monto final que la empresa termina otorgando solo en concepto de honorarios asciende a $3.708.231,77.La empresa ofreció abonar la suma acordada en doce pagos mensuales, iguales y consecutivos, por el importe de $ 309.019,31 cada uno mediante la entrega de cheques pagaderos entre los meses de marzo de este año y febrero del 2013.En otros párrafos queda claro que la empresa quiere cortar con la maniobra y no aceptará ningún otro reclamo de este estudio jurídico por otras tareas encomendadas en la gestión López Ricci. En el punto segundo del “acuerdo de reconocimiento y pago de honorarios profesionales” se establece que “los profesionales se obligan a prestar conformidad arancelaria en el expediente una vez percibidos los valores recibidos, reconociendo de tal forma que nada más tienen que reclamar a ‘la obligada’ con motivo de su labor profesional en el expediente y de cualquier otra gestión realizada en cumplimiento del mandato recibido. Asimismo, ‘los profesionales’ se obligan a desistir, a la firma del presente, del recurso de apelación contra el auto regulatorio planteado”.Dos altos funcionarios del gobierno consultados por esta situación se quejaron de la gestión de López Ricci frente a la empresa, ya que dejó un tendal de deudas, juicios y un gran déficit que llevará mucho tiempo levantar, aseguraron. Uno de ellos opinó incluso que hubo intenciones poco claras ya que la demanda podría haberse evitado con dialogo entre los funcionarios; dejando trascender sus sospechas de que existió una maniobra para crear millonarios juicios “a medida”.
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