BUENOS AIRES (NA). El juez federal Ariel Lijo sobreseyó a todos los denunciados por supuesto tráfico de influencias por el vicepresidente Amado Boudou, en el marco de la investigación por la venta de la imprenta Ciccone.Lijo sobreseyó a los abogados del estudio del ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien había renunciado a su cargo por esta denuncia y también al titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, todos ellos apuntados por Boudou.“En la presente investigación es claro que existe un estado de duda respecto a la forma en que se produjeron los hechos que no puede ser resuelta con los elementos probatorios recolectados”, sostuvo el magistrado en su resolución.Lijo, al igual que había establecido el fiscal Jorge Di Lello, entendió que se “agotó la investigación” y que “no existen otras medidas que permitan reconstruir el hecho”.Boudou había denunciado públicamente al estudio de Righi y a Gabbi y luego lo ratificó en la Justicia para justificar el avance de la causa que lo involucra con la venta de la ex Ciccone Calcográfica a supuestos allegados.El Vicepresidente dijo que cuando estaba a cargo de la Anses en 2009, los abogados Ana María García (la mujer del ex Procurador), María José Labat (esposa del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro) y Fabián Musso le ofrecieron supuestamente servicios de “lobby” en los Tribunales y en distintas causas.También acusó al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi y al empresario Antonio Tabanelli, de la firma Boldt. Pero al evaluar los testimonios en la causa, Lijo dio cuenta que cada uno de los protagonistas dio una versión distinta sobre quien o quienes estuvieron presentes y sobre los temas que se trataron. Si bien constató que hubo una reunión en el despacho que ocupaba Boudou en la Anses en 2009, “los relatos difieren” -entre otras cosas- “si los letrados fueron convocados por Boudou o si se presentaron por su cuenta” y “el contenido de la reunión”.“Es necesario mencionar que el objetivo principal del proceso penal es la búsqueda de la verdad real, siendo presupuesto básico de la atribución de responsabilidad la reconstrucción del suceso fáctico”, explicó Lijo, quien dio cuenta de contradicciones de los distintos testimonios. Ya el fiscal Di Lello había considerado que los dichos de Boudou son “una verdad incontrastable”, “al no haberse podido acreditar los extremos de la denuncia, es decir, que durante el desarrollo de las audiencias se hubiera dado, ofrecido o prometido algún tipo de dádiva al denunciante, ni mucho menos tampoco que se le hubiere insinuado o formulado a éste algún tipo de sugerencia con relación a presuntas relaciones o influencias que evitarían problemas con la Justicia”.
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