POSADAS. Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para modificar algunos artículos de la ley IV – 32 (antes Ley 3.652) que norma el funcionamiento y concursos del Consejo de la Magistratura, para el acceso a cargos de Magistrados y Funciones del Poder Judicial. La propuesta de cambios, fue elevada a la Cámara de Diputados por la actual composición del Consejo que tendrá cambios a fines de septiembre con la elección de nuevos consejeros por el STJ, el Ejecutivo, Diputados, Magistrados y abogados del foro.Entre los cambios principales, se destaca la modificación del artículo 19, que de aprobarse su texto, establecerá: que el dictamen con los ganadores de cada concurso sea confeccionado “en orden de puntaje obtenido” (antes era en orden alfabético), debiendo el Poder Ejecutivo nombrar a cualquiera de los propuestos (en varios concursos se viene notando que el Ejecutivo no premia a los mejores puntuados sino que por la discrecionalidad de la ley vigente, elige a personas “afines” que en puntaje no son precisamente los más sobresalientes). Y se agregaría a la ley que “por vía reglamentaria el Consejo puede establecer un puntaje mínimo para que los postulantes sean incluidos al dictamen final. También puede declarar desierto el concurso cuando no se logre dicha puntuación mínima”.En el artículo 20, se propone que si al momento de tener que remitir la nómina al Ejecutivo, “los postulantes al cargo a concursar fueran tres o menos, el Consejo evaluará sus antecedentes y los remitirá al Poder Ejecutivo, o podrá declarar desierto el concurso mediante resolución fundada”(antes debía remitir aunque el desempeño en el concurso no sea el deseado).Otros cambiosEn el texto del proyecto, se proponen los siguientes cambios:• Elección de “un consejero por la representación parlamentaria mayoritaria y otro por la minoritaria, electos por sus pares”, sin la mención de ser electos según la importancia numérica;• En el caso de la elección de la Presidencia, se determina que en la subrogancia del presidente electo por los miembros, el Consejo “establecerá el orden de subrogación para el caso de impedimento en el cumplimiento de sus funciones del presidente del Cuerpo.”• El Consejo de la Magistratura pasará a tener dos secretarios (actualmente cuenta con uno solo, el abogado Leonardo Villafañe) y dos prosecretarios (ahora no tiene ninguno). En el proyecto se establecen cambios en las remuneraciones: ya que tienen incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la profesión y para representar a personas físicas o jurídicas contra los intereses de la Nación, la Provincia o los Municipios. Para secretarios, se propuso que “Su remuneración sea equivalente a la que percibe un secretario del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia” (actualmente es la de un secretario de Juzgado de Primera instancia). Y para los prosecretarios “equivalente a la que percibe un secretario de primera instancia”.• Entre las “Atribuciones y Deberes” del Consejo, se suma: “llevar adelante procesos de formación profesional de los postulantes y operadores jurídicos interesados en las ramas básicas del derecho a fin de optimizar el nivel de selección”.• Para sesionar, se establece: “El Consejo sesiona en pleno y sus resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de votos. Cuando por motivo de fuerza mayor no fuere posible la integración del cuerpo en pleno, será convocado el suplente que corresponda al miembro ausente. Si habiendo sido debidamente notificados el o los suplentes no fuere posible lograr el plenario, se sesionará y se resolverán las cuestiones con la presencia de al menos la mayoría simple de los miembros del Consejo”. Antes, se requería mayoría absoluta al cabo de dos sesiones sin lograr plenario.• Podrán integrar la comisión técnica, “Por resolución fundada del Consejo, profesores y/o juristas de reconocida trayectoria y prestigio académico”. Hasta el presente, sólo pueden hacerlo “docentes universitarios designados por concurso de universidades nacionales”. “Esto generaba muchas repeticiones en las comisiones técnicas ya que muchísimos juristas dejaron sus cargos en las universidades públicas y pasaron a otras instituciones”, explicaron desde el Consejo.
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