POSADAS. El Gobierno provincial “se olvidó” de poner en práctica la coparticipación de los fondos del corredor verde que debe girar a 22 municipios misioneros como compensación por los costos económicos que les genera el cuidado del medio ambiente y la prohibición de usar sus recursos. Debido a esto, muchos municipios anularon su adhesión a la ley y las consecuencias se observan hoy en las fracturas que tiene el corredor, que ponen en peligro gran parte del ecosistema silvestre que lo habita, las reservas de agua y los emprendimientos turísticos vinculados.La ley establece que la provincia debe girar a las comunas el 1% de todos los impuestos que recauda (excepto Sellos), a distribuirse en los 22 municipios que integran el corredor; de acuerdo a la cantidad de hectáreas que aporta cada uno.Un cálculo rápido permite determinar que en los cuatro primeros años de gestión de Closs la provincia recaudó unos 3.500 millones de pesos, los cuales, restando el impuesto a los Sellos, quedan en 3.000 millones. El 1% de esta cifra asciende a 30 millones de pesos, poco más de un millón de pesos para cada municipio, en cuatro años.Según la ley, Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable Corredor Verde de la Provincia de Misiones, con esos fondos los intendentes deben “generar condiciones favorables para la preservación de las masas selváticas” con el objeto de lograr la unión de los tres principales bloques de las Áreas Naturales Protegidas existentes: 1- Al Norte, los parques provinciales Yacui, Uruguaí y Foerster e Iguazú; 2- al Este, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá; 3- al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y Cuña Pirú.Desde la sanción de la ley San Pedro fue el primer municipio en adherir, debido a que le daría importantes beneficios, teniendo en cuenta que gran parte de su territorio está conformado por selva paranaénse. También fue uno de los primeros en anular esa adhesión ya que los recursos con los que esperaba contar nunca llegaron.Otros municipios corrieron con la misma suerte. Pero igualmente, ningún intendente actual se anima a levantar la voz, pese a que la ley sigue vigente. “Lo que deberíamos recibir es poco dinero, no nos conviene pelearnos con el gobierno por eso, es más conveniente tratar de compensar con otros programas y otras obras”, explicó un alcalde del norte.Otro intendente consultado dijo: “el que estaba antes que yo reclamó mucho, incluso cumplió con todos los requisitos que exige la ley (uno de ellos es no aumentar la tasa municipal a las hectáreas boscosas) pero no consiguió nada. Yo después que asumí subí los impuestos porque vi que no íbamos a recibir nada”. La reflexión económica que recogió PRIMERA EDICIÓN de dos intendentes consultados choca con el planteo ecologista que se realiza desde otros sectores. Mientras los intendentes priorizan los recursos -y si no los consiguen suspenden la adhesión a la ley – otros sectores reclaman la plena entrada en vigencia de la Ley del Corredor Verde, para fomentar la protección selvática.Los intendentes consultados admitieron que no reciben recursos y que tampoco hacen pública su queja por el temor de que el gobernador les corte todo tipo de ayuda económica y obras.Incluso recordaron que el gobernador meses atrás se reunió en Estados Unidos con representantes del Banco Mundial y les planteó la necesidad de algún tipo de ayuda económica por la conservación que Misiones hace de sus bosques.Al regresar de esa gira, en un discurso en Misiones, Closs dijo que se debería buscar algún mecanismo de compensación económica por el beneficio que la provincia le otorga al mundo con sus bosques y recursos naturales.Sin embargo, llama la atención la actitud del gobernador, que afuera de la provincia pide recursos pero adentro no los distribuye; pese a que existe una ley que lo obliga a hacerlo.Ley del Corredor VerdeEntre los principales objetivos de la norma se encuentra: proteger las nacientes y altas cuencas de los ríos y arroyos; prevenir el aislamiento progresivo de las Áreas Naturales Protegidas; contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el Área Corredor Verde, promocionando políticas de desarrollo sustentable; reconocer los servicios ambientales que naturalmente ofrecen los bosques.La ley además creó un Fondo Ecológico de Coparticipación Especial, que se origina con el 1% de todos los impuestos recaudados a nivel provincial incluidos en el régimen de Coparticipación Municipal, excepto el Impuesto de Sellos.El artículo 14 indica que el Poder Ejecutivo debe distribuir el Fondo Ecológico entre los municipios cuya extensión territorial integre el Área de Conservación: El Alcázar, Garuhapé, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Ruiz de Montoya, Campo Grande, San Vicente, El Soberbio, Caraguatay, Montecarlo, Puerto Piray, Santiago de Liniers, Colonia Victoria, Colonia Delicia, San Pedro, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Colonia Wanda, Puerto Iguazú, Comandante Andrés Guacurarí, San Antonio y Bernardo de Irigoyen.Las alícuotas deben ser establecidas considerando la superficie que cada uno de esos municipios aporta al Área Integral.El Fondo debe destinarse en un 90% a financiar los planes, programas y proyectos referentes a: desarrollo rural sustentable; turismo ecológico municipal; gestión ambiental municipal; restauración del bosques nativo.Los fondos destinados por cada municipio al gerenciamiento y administración de los programas mencionados, no podrán superar el 10% del total recibido.Entre las obligaciones de los municipios adheridos se encuentran: constituir un Consejo Municipal Consultivo para el Desarrollo Sustentable; tener aprobación anual del Concejo Deliberante para los programas del Fondo Ecológico; estabilizar el importe de la tasa municipal por servicios a inmuebles rurales, en dos pesos como máximo, por hectárea y año, para aquellos inmuebles ubicados dentro de los límites del “Corredor Verde de la Provincia de Misiones”, que tenga una superficie cubierta con bosque nativo del ochenta por ciento (80%), como mínimo, respecto a la superficie total del inmueble.Muchos cumplieron con todos los pasos y reclamaron de diversas maneras al Gobierno provincial, esperando por años la coparticipación del Fondo Ecológico. Nunca tuvieron explicaciones sobre la negativa, más que la mezquindad económica. La mayoría de los municipios suspendió su adhesión a la ley o dejó de cumplir con las obligaciones que ella implica. Así también, los propietarios privados que conservaban masas boscosas comenzaron a explotarlas económicamente después que las intendencias subieran los impuestos y tasas.Consecuencias so
ciales, económicas y ambientalesCristina Besold, periodista especializada y fundadora del sitio www.elparanaense.com.ar explicó que “la ley se concibe con la intención de preservar en el tiempo el millón de hectáreas que integraban el corredor. La idea es que se hagan actividades amigables con el ambiente, promoviendo la preservación del agua, el suelo, que permitan que los habitantes desarrollen actividades sustentables y se pueda mantener unido el corredor de selva”. “Esto favorece el intercambio genético de plantas y animales. Si se corta el corredor, como ya ocurrió, desaparecen especies, desaparecen recursos como el agua. Esto ya está ocurriendo: puede verse en la sequía de los arroyos y la falta de agua que padecen las poblaciones de Alem, de Jardín América, de Oberá”, agregó Besold.Por su parte, Luis Rey, ex ministro de Ecología de Misiones, consideró que “a grandes pinceladas el balance es positivo, pero desde cerca no se cumplieron con los aspectos novedosos que tenía la ley, como darle una compensación a los municipios (coparticipación del fondo ecológico)”.“No hubo interacción con los actores sociales para trabajar: pueblos originarios, los productores criollos, los vecinos. No se priorizó el tema del agroturistico que Misiones hoy necesita y mucho; porque sino el turismo se concentra por 24 o 48 horas en Iguazú y no nos deja ganancias”.Besold agrega en tono crítico que “el gobierno mete mucha plata en promocionar la provincia, llenamos turistas pero no estamos quedando sin saltos de agua. La promoción del turismo es acertada pero no podremos recibir turistas si nos quedamos sin el recurso madre: la selva, el paisaje, los saltos de agua”.“El Ministerio de Ecología realizó un estudio donde se comprobó que el corredor se cortó. Ya no podemos hablar de conservar sino recuperar la selva”, finalizó.El Paranaense entregó (el 24 de agosto de 2010) al gobernador Maurice Closs, al ministro de Ecología, Horacio Blodeck y a la Cámara de Diputados, un documento que revela preocupación por la paulatina pérdida de Selva Paranaense, con serias consecuencias sociales, ambientales y económicas, y propone diez medidas para enfrentar esta situación. Hasta la fecha no han tenido respuesta.Entre otros aspectos graves se advirtió que “La Selva Misionera se está perdiendo al alarmante ritmo de 17.000 has. por año! Equivalen a 23.000 canchas de fútbol de primera división. Apenas tres mil hectáreas menos que la Ciudad de Buenos Aires. Casi 1 Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú. Son 17 Parques del Moconá que se pierden al año. La tasa anual mundial de deforestación es de -0,23 y ya en 2003 Misiones estaba en -1,34%, superando en 6 veces esta tasa”.En tanto, Juan Pablo Cinto, ingeniero forestal publicó en el mismo sitio un texto donde enfatizó que “la falta de liderazgo político con visión estratégica hace que la conservación de la Selva no sea considerada como una opción para el desarrollo provincial que capture valores por producir bienes y servicios ambientales y con ello una economía más limpia”. Tajante, en las conclusiones enfatiza que “por el contrario, mientras el estado se ocupa de promover la obra pública esperando un milagroso “efecto derrame”, intereses económicos foráneos aprovechan el conjunto de incentivos económicos, sociales e institucionales (entre los que se cuentan la baja aplicación de la ley) y la mano de obra de la agricultura familiar campesina, la cual sin opciones, ocupa territorio y desmonta tierras con bosques para sobrevivir profundizando la relación pobreza – degradación ambiental. Todo a costa de la Selva Misionera”.Finalmente, el ex ministro Luis Rey, quien actualmente asesora a varias provincias en temas ambientales, señaló que “faltan definir estrategias de fondo. No digo cercenar la agricultura pero impulsar actividades sustentables con el medio ambiente y la conservación de la selva, de lo contrario quedaremos solo con las cataratas y los turistas saldrán de Iguazú y se irán a los Esteros del Iberá”. Controversias legalesEn un artículo publicado en El Paranaense, Rodolfo Roque Fessler aborda los aspectos legales y advierte que “No cumplir el programa del Corredor Verde puede llevar a configurar una ilicitud que comprenda tres tipos de responsabilidad”:A) La responsabilidad civil: se configura cuando un acto irregular del agente público causa un daño a la Administración pública o a particulares, sus derechos o bienes por acción u omisión. Se encuentra regulada por el artículo 1.112 del Código Civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado al respecto una postura clara al sostener que “…quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular (…)”B) La responsabilidad penal: al ser extensiva a todos los ciudadanos, en nada se diferencia la situación del empleado o funcionario público de la de los particulares e incurrirá en delito cuando su obrar u omisión coincidan con el tipo descrito por la norma criminal en el código penal argentino: Abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Artículo 248.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere (…).C) La responsabilidad política: constituye un presupuesto básico y esencial del Estado de Derecho y que hace a la forma republicana de gobierno. Alcanza en general, a funcionarios de un nivel superior cuya gestión queda sujeta a la evaluación de otro órgano, de la cual puede producirse la separación de aquellos de sus cargos (…).D) La responsabilidad administrativa: tiene por objeto sancionar conductas que lesionan el buen funcionamiento de la Administración Pública, originándose en una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público. La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, aplicable por la propia Administración Pública en ejercicio de poderes inherentes, a las conductas de agentes estatales violatorias de deberes o prohibiciones exigibles, o impuestos, respectivamente, por las normas reguladoras de aquella relación con el fin de asegurar, el adecuado funcionamiento de la Administración Pública (…).
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