SAN ANTONIO. La provincia de Misiones cuenta desde el año 2001 con la Ley Provincial 3.820, cuya finalidad es garantizar la protección integral de todos los derechos de los niños. En el artículo 6 establece que el rol del Estado consiste en adoptar las medidas administrativas, legislativas y políticas con el fin de garantizar y efectivizar tales derechos.La ley fundamenta un diseño organizacional que contempla (artículos 44 y 51) la conformación de los consejos provincial y municipales de Garantías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, pero once años después, 39 municipios de la provincia (más del 50%) aún no lo han hecho.Estos consejos basan su accionar en el trabajo conjunto de representantes de las diferentes instituciones (municipio, salud pública, policía, docentes) articulado a la participación activa de ONG y profesionales (psicólogos, psicopedagogos, abogados) buscando a través de su labor mancomunada la concientización, valorización y respeto (principales objetivos) de los derechos de los menores niños y adolescentes para lo cual son instrumentos las charlas en las escuelas, los seminarios y la difusión a través de los medios de comunicación. No sólo es preventivo su trabajo sino que también orientan, asisten y contienen a las víctimas de violencia, maltrato, abuso o explotación, brindando asesoramiento sin costo ante toda situación que afecte los derechos garantizados por ley.Solitario en el norteEn el norte provincial hasta el momento sólo en el municipio de Bernardo de Irigoyen se ha conformado el Consejo Municipal de Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, estando aún pendiente su conformación en San Antonio, Comandante Andresito, Wanda, San Pedro y Puerto Iguazú.Ricardo López, vicepresidente del Consejo de Garantías de Bernardo de Irigoyen, expresó a este matutino que “adhiriendo a la Ley provincial 3.820 hemos conformado el consejo en febrero. Parte de nuestra función es recepcionar todas las denuncias que haya en la comunidad con respecto a las violaciones a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y problemas relacionados con la familia. Nuestro consejo está integrado por representantes de salud pública, de la Policía, de las iglesias, del municipio, de Educación y, a través del trabajo en conjunto de estas instituciones, tratamos por un lado de prevenir los casos de abusos a estos derechos y en los casos consumados de contener a las víctimas”.También López manifestó que a partir de la creación del Consejo en Irigoyen “han salido a la luz y se han denunciado muchos casos de menores abusadas por su entorno familiar o de confianza, con índices realmente preocupantes, también hemos detectado varios casos de abandono de menores. El departamento de Acción Social del municipio trabaja junto a nosotros y así monitoreamos también las entregas de ayudas a los más necesitados”. López recalcó que “a pesar de que estamos trabajando fuerte aún nos falta mucho por hacer, carecemos por ejemplo de un psicólogo para la contención de las víctimas, los casos actuales se trasladan hasta Eldorado para su tratamiento, pero es muy necesaria la incorporación de algunos profesionales para mejorar el desempeño de nuestras funciones”.Apuntó que “la ley fija que todos los municipios deben conformar su propio Consejo de Garantías, no sé si la razón será el desconocimiento pero más de la mitad de los municipios no lo ha hecho hasta el momento”.
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