POSADAS. Un recinto repleto de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia aguardó a los 36 legisladores que dieron presente en la sesión de la Cámara de Representantes. El punto principal a discutir y aprobar fue la restitución del régimen jubilatorio con el 82% móvil sobre el haber bruto, pero esta vez para todos los trabajadores judiciales.Por el Superior Tribunal se pudo ver a su presidente Ramona Velázquez y varios ministros. Por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, una amplia delegación encabezada por la jueza Rossana Venchiarutti. De la Unión Judicial, Arcadio Lewin. El presidente de la Comisión de Salud, diputado Adolfo Pischik, expuso los argumentos a favor de la iniciativa. Calificó a la norma como “un hecho reivindicatorio” y resaltó que el régimen se “autofinanciará por parte del mismo Poder Judicial”.Por su parte, el diputado Claudio Wipplinger (TyP) aseguró que “a nadie escapa que hay desigualdades y que hay que corregirlas. Nuestra posición de bloque es constructiva y creemos que esta ley es un paso adelante para lograr el 82% móvil que uno de los poderes del Estado está logrando hoy. Un 82% que es una discusión histórica en Argentina y que creemos ya no merece más discusión sino pasos adelante a favor de los trabajadores”.Agregó: “Esta ley es el puntapié inicial para seguir bregando que en todos los sectores, no solo del Estado sino también los privados. Aquí incluyo a los colonos misioneros y hasta los cuentapropistas”. Para ello, dijo que “seguiremos trabajando en generar soluciones en materia alimentaria, energética y de generación de más y mejores fuentes de trabajo que permitan a toda la comunidad acceder a un sueldo digno, para realizar con su esfuerzo los aportes necesarios para luego recibir una jubilación digna con el 82% móvil”.Citó el caso de un trabajador de Catastro, con 27 años de antigüedad, que cobra $2.577 de bolsillo, sin los descuentos incluso de préstamos a los que deben acudir los estatales por no llegar a cubrir la alimentación de sus familias. Entonces, recibo en mano de los haberes del mencionado empleado, Wipplinger pidió al Ejecutivo provincial “que haga el esfuerzo necesario, con las herramientas que esta Cámara le ha dado para lograr una reingeniería que otorgue un sustento digno mensual para los trabajadores de la administración pública. Seguimos pensando que se puede hacer, sin afectar ni la obra pública, ni la salud ni la educación. Porque sueldos y jubilaciones no pueden ser variables de ajuste para que cierren las cuentas. Sí deben serlo los gastos superfluos e innecesarios que resultan improductivos y que los seguimos viendo en el Gobierno provincial. Y por ello, no vamos a dejar de lado las críticas hasta que se tomen cartas en el asunto”, advirtió.En el mismo sentido se expresaron otras bancadas en la voz de los diputados Blanca Acosta, Pablo Tschirsch y Héctor Bárbaro.El bloque radical votó en contra, cuestionando varios artículos de la ley. Consideró a la norma como “de privilegio”, en la voz del diputado Luis Pastori.“Se hizo justicia”Tras la sanción de la norma, la presidente del STJ, Ramona Velázquez, declaró a PRIMERA EDICIÓN que “es un día histórico para el Poder Judicial, con esta ley se ha hecho justicia. Ahora no solo vamos a aportar el 21% mensual sino el 23%. Es decir que seguimos acomodándonos para poder satisfacer las necesidades de los empleados, muchos muy antiguos que no se jubilaban porque no era conveniente”. La titular de la Asociación de Magistrados, Rossana Venchiarutti, aseguró a este diario que la sanción los deja “muy satisfechos”. Admitió molestia con los dichos del diputado Pastori al llamar al régimen como un “privilegio”. “Me molesta porque no es una ley de privilegio. Hacemos un gran esfuerzo con la creación del Fondo Compensador. El IPS seguirá pagando lo mismo. Somos nosotros los que nos estamos autofinanciando para no tener quitas ni topes. Rescato lo que dijeron los diputados que es un punto de partida. Es una reivindicación y un reconocimiento. No es bueno oponerse a una reivindicación de los trabajadores”, aseguró.Acuerdo para el CGEFinalmente los diputados aprobaron los pliegos de los vocales del Consejo de Educación Adolfo Safrán, Elsa Powch y Francisco Conde.El diputado Víctor Kreimer (TyP) advirtió que si bien acompañan las designaciones “seguimos marcando que después de varios años del mismo gobierno, hay muchas cuestiones pendientes: la titularización por concurso, el blanqueo salarial, la grilla salarial y la antigüedad, todo lo que ayude a que la tarea docente se vea dignificada. Esperamos que la gestión de los que hoy son designados sea exitosa para que redunde en beneficio de los misioneros que estamos en manos de la educación pública y por el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos”, cerró.
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