POSADAS. El municipio capitalino se convirtió ayer en la tercera jurisdicción comunal que adhirió a la Ley Provincial de Libre Acceso a la Información Pública. La unanimidad del Concejo Deliberante se sumó a pronunciamientos similares que en días previos se sucedieron en Oberá y San Vicente.El Deliberativo local se pronunció también por un “enérgico repudio” al golpe institucional que el viernes derrocó al presidente paraguayo Fernando Lugo . Volvió además a traer al debate el tema del control de las casas de juego y casinos en el municipio. Aunque a este respecto no abordó posición alguna en torno al ajuste del horario de esas casas comerciales de acuerdo con lo estipulado en la Carta Orgánica Municipal (COM) La norma aprobadaEn la flamante ordenanza, además de la declaración de adhesión a la Ley Provincial IV 58, se prevén otros aspectos que apuntan a ordenar su aplicabilidad en el ámbito comunal y complementa las previsiones de los artículos 98 y 99 de la COM. Son los referidos a los sujetos obligados y a la autoridad de aplicación que competerá a la Secretaría de Gobierno municipal.Quienes están obligados a cumplir con este nuevo derecho son “el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, los Tribunales de Falta, así como las empresas del Estado municipal prestatarias de servicios concesionados por el municipio en cuanto hagan a la concesión y aquellas organizaciones empresariales donde la Municipalidad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que reciban subsidios del DEM” (artículo 2).Un debate sin disidenciasLa adhesión a esa ley provincial que apunta a una mayor transparencia en la gestión gubernamental se originó en tres iniciativas presentadas por los radicales Hernán Damiani y Pablo Velázquez, primero; su par renovadora Claudina Deglise y el defensor del Pueblo de la Ciudad, Marcelo Vairo, luego, que tuvo rápido tratamiento después de la promulgación de la norma sancionada en ocasión del Día del Periodista, el 7 de junio.Ese consenso general evidente en esos proyectos similares, quedó también demostrado en un debate del que participaron varios de los presentes, perteneciente a los diferentes bloques. Todos coincidieron en la importancia de legislar sobre un derecho fundamental de la democracia que apunta a mejorar la transparencia en el manejo de las instituciones de Gobierno y a una mejor publicidad de sus actos. Aunque no se soslayaron referencias a la ordenanza 2.685 que en 2010 ya lo había establecido, al punto de que, por ejemplo, el radical Hernán Damiani se preguntó qué pasó con ella realmente, aunque según algunos sostienen habría sido vetada. Condena al golpe en Paraguay“El más enérgico repudio a la destitución del presidente de la República del Paraguay, Fernando Armindo Lugo Méndez”, expresó ayer, sobre tablas, el Concejo Deliberante local. Consideró “atentatorio del régimen democrático y una flagrante violación del principio universal del debido proceso y del derecho de defensa en juicio” a la decisión que, mediante “un juicio político al galope” -en la expresión del radical Hernán Damiani- el Congreso paraguayo lo desplazó de su cargo y reemplazo por el vicepresidente Federico Franco.Dos iniciativas unificadasDos fueron las iniciativas expuestas a la consideración sobre tablas del cuerpo y, unificadas, lograron el apoyo de los presentes. Se iniciaron en los renovadores Magdalena Solari y Mario Florentín, quienes expusieron sus razones también en forma separada. Ambos condenaron el procedimiento destituyente de los legisladores del vecino país. Plantearon, a la vez, la necesidad de resolver en coincidencia con el pronunciamiento del Congreso de la Nación, que el lunes aprobó una declaración similar durante una sesión extraordinaria de ambas cámaras constituidas en asamblea.Pero pese a que el pronunciamiento fue casi unánime, el debate permitió también aprovechar la circunstancia para que, desde el radicalismo, en una referencia elíptica al Gobierno, cuestionaran algunas violaciones al régimen institucional, así como al riesgo que significan los acuerdos políticos que, aún respetando la letra escrita, sirven para soslayar la voluntad popular. “A veces no alcanza con la democracia formal; las normas no son un freno en sí mismas si el poder logra consenso para vulnerarlas”, observó Damiani.Doce manos se levantaron para apoyar la declaración dictaminada poco antes; en tanto, tras la votación, Gabriel Nielsen (TP) aclaró que se abstuvo de hacerlo. Potestad y autonomía municipalesLa aprobación de dos ordenanzas referidas a los juegos de azar en el municipio trajo de nuevo a escena en el Concejo la potestad que le compete en ese tema a la comuna. Planteo que surgió, particularmente, a partir de una tercera iniciativa que no estaba en debate, pero reservada en un mismo paquete: la referida a la restricción de los horarios de casinos y salas de juego según establece la Carta Orgánica Municipal, revisada en 2010.Este tema era uno de los cuatro dictámenes que, mediante un pronto despacho, Rolando Rubleski (TP) había planteado hace tres sesiones para debatirlo hoy, preocupado por el impacto negativo en la salud de la población la proliferación de casas de juego que existen en el municipio. En opinión del edil, si el tema no está exceptuado en las constituciones nacional y provincial compete a la autonomía municipal y no debe ser avasallado. “Ese es un debate que no podemos seguir demorando”, advirtió.El silencio fue la respuesta del oficialismo que, no obstante, convalidó los dos dictámenes en consideración: la reforma a la ordenanza 2.704, que obliga a colocar relojes en lugares visibles en las salas de juego y ahora agrega las penalidades por esa infracción; y la inclusión de una advertencia del riesgo de la ludopatía en toda publicidad de casinos y salas.
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