POSADAS. La caída en picada de la imagen positiva de la Policía, golpeada en sus cimientos por el aumento del índice delictivo, los escándalos de coimas que involucra al personal y la sucesión de fugas en comisarías aceleraron la salida del subjefe Víctor Armando Rutschman y otros trece generales.Esa coyuntura, sumada a las altas cifras de víctimas fatales en accidentes de tránsito, una temática que desvela al Gobierno clossista, hizo inevitable la aplicación de cirugía mayor.Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que la continuidad de Rutschman en la subjefatura era insostenible. Además, de alguna manera, representaba el último eslabón de la gestión de Benjamín Alberto Roa, del que jamás terminó de despegarse.No obstante, el Ejecutivo parece haberlo premiado con un cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Medida controvertida si las hay, sobre todo tratándose de un hombre que formó parte de una gestión de dudosa eficacia en la materia y que concluyó con un alarmante aumento en la columna de episodios delictivos. “Era indispensable un cambio. El tiempo dirá si se trata sólo de un lavado de cara o no. Pero no es casualidad que se hayan efectuado modificaciones en las dependencias más importantes, como en la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo”, indicó una fuente de la mismísima Jefatura de Policía.Si bien ninguno de los funcionarios asumió el cargo aún, cosa que podría producirse mañana, el jefe Jorge Munaretto ordenó que todos fueron notificados ayer de las nuevas disposiciones.A más de uno sorprendió el reconocimiento de que las estadísticas de delitos contra las personas y la propiedad hayan aumentado en los últimos tiempos.La relación de Rutschman con sus camaradas estaba desgastada, pero los últimos escándalos de fugas y coimas, que dejaron al descubierto el mal desempeño del personal, terminaron por provocar una eclosión interna en las filas de la fuerza de seguridad provincial.Una fuente del Ministerio de Gobierno indicó que al Ejecutivo provincial comenzó a preocupar también la escalada de movilizaciones populares en demanda de mayor seguridad, como el populoso conglomerado habitacional de Itaembé Miní y otros puntos de la ciudad.La misma especie indicó que “con cambios de nombres no se solucionará la cuestión de la inseguridad. Se necesita modificar el perfil de la Policía, apostar más por la prevención que preocuparse por cuantos edificios nuevos se puedan construir en Jefatura. Por ejemplo, dotar de mayor equipamiento a las comisarías. No es posible que en Itaembé Miní haya una guardia de siete hombres para una comunidad de 60.000 habitantes. Y como si fuera poco, a veces ni el teléfono funciona”, indicó.Una de las directivas dadas ayer indica que se “tendrá tolerancia cero con el personal que pida coimas en cualquier puesto que le toque trabajar. La orden es acabar con este tipo de irregularidades”. El tiempo dirá si es así.
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