BRASILIA, Brasil (AFP y Agencias). La presidente brasileña promulgó parcialmente la ley rechazada por los ecologistas. Entre los puntos que quedaron sin efecto se encuentra el que establece una amnistía para los responsables de deforestaciones ilegales.A un mes de la cumbre Rio+20, la presidente brasileña Dilma Rousseff vetó parcialmente el Código Forestal, que según los ecologistas amenazaba con provocar una ola de deforestación en la Amazonia, informó ayer el abogado general del Estado, Luis Inacio Adams. “La presidente de la República se decidió por la realización de diversos vetos y modificaciones al proyecto de ley que trata el Código Forestal”, dijo Adams en rueda de prensa en el palacio presidencial en la que participaron los ministros de Medio Ambiente, Izabella Teixeira; Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro; y Desarrollo Agrario, Gilberto José Vargas, quienes dijeron que Rousseff ha decidido los vetos en favor de la “preservación” y el impulso a la “producción sustentable” en la agricultura.La ministra Teixeira informó que con el veto el gobierno buscó impedir la amnistía a quienes deforestaron ilegalmente en el pasado, preservar a los pequeños propietarios, responsabilizar a los productores por la preservación ambiental y no reducir las áreas protegidas de la Amazonia y otros ecosistemas del país. Además de la amnistía, Rousseff vetó la disposición que reducía las áreas de preservación en las márgenes de ríos, así como otra que limitaba a mínimos las obligaciones de recuperar las áreas ya degradadas. Publicación oficialLos 12 vetos puntuales y 31 modificaciones aprobados por Rousseff serán publicados el lunes en el diario oficial, como una medida especial del Ejecutivo que entra en vigor inmediatamente, aunque tendrá que ser refrendada luego por el Congreso. “No permitir la reducción de la protección (de la Amazonia y otros ecosistemas del país) ni nada que amnistíe la deforestación”, fueron las razones que justifican el veto parcial, dijo Teixeira. El Código Forestal, aprobado hace un mes por el Congreso, donde predomina un fuerte lobby agropecuario, define qué parte de bosque tienen que preservar los productores dueños de tierras en la Amazonia y otras grandes ecosistemas. La reforma enfrenta dos caras de Brasil: la del gigante productor y exportador agropecuario cuyos cultivos ocupan el 27,7% del territorio, y la potencia ambiental con 60% de bosques, que consiguió reducir la deforestación amazónica de 27.000 km2 en 2004 a poco más de 6.000 km2 en 2011.
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