POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio por terminada y sepultó definitivamente la causa iniciada hace más de diez años en esta provincia, vinculada al blanqueo de autos robados a través de depósitos judiciales, según trascendió de fuentes judiciales.La historia se inició en septiembre de 2001 y motivó la renuncia del entonces juez de Instrucción 2 Ramón Moisés Grinhauz, quien finalmente fue sobreseído.Después de que la resolución quedara firme, porque el fiscal subrogante se dio por notificado, la Justicia reaccionó, pero era demasiado tarde.Intentó dar marcha atrás, lo que motivó que Grinhauz fuera en queja hasta el máximo órgano judicial del país, que en febrero le dio la razón.Y lo hizo en duros términos hacia la decisión adoptada en su momento por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJM). La resolución es coincidente con los fundamentos del apelante sobre el respeto inalterable del principio de la preclusión y la cosa juzgada, considerándolos pilares fundamentales sobre los que “se funda la seguridad jurídica”.El fallo de la CSJN beneficia, directamente, a diez implicados en su momento en una de las causas judiciales más escandalosas del Poder Judicial de Misiones.Esta, al igual que otras, como la “Megaestafa al Poder Judicial”, que derivó en la destitución de la entonces titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 1, Salvado de Sotelo, jamás llegarán a la instancia de juicio oral y público.El fallo de la CSJN deja, nuevamente, al descubierto los enormes problemas que tiene el STJM para dar celeridad a la administración de Justicia en la provincia.“La mora en el Poder Judicial es alarmante y, sobre todo, en quién debería dar el ejemplo, el STJ”, consignó ayer una fuente que pidió reserva de nombre.La Corte indicó que fallar en el mismo sentido que lo hizo el máximo órgano judicial de la provincia implicaría “la renovación de una persecución penal ya fenecida al dejarse sin efecto una decisión firme que estaba amparada por la preclusión y la cosa juzgada”.El último párrafo de la resolución, que lleva la firma de los integrantes de la Corte Suprema, señala que “Por ello y oído el señor procurador fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo apelado”.De esta manera, la causa quedó definitivamente cerrada, después de más de diez años y de un costo altísimo para la Justicia misionera.No es la primera vez que sucede esta situación, que pone de relieve un grave flagelo: la mora judicial.Hace aproximadamente un mes el STJM dio a conocer que hizo lugar a un planteo de casación de la defensa de Bertoldo Neumann en la causa que investigó el crimen del sereno del IPS Alfonzo Pinto Cardozo.Tardó siete años en hacerlo y sólo Dios sabe cuánto podría tardar en resolver la cuestión de fondo.La mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había advertido sobre esta situación en la causa que tenía como imputada a Violeta del Carmen Artymyszyn, quien pasó casi ocho años en prisión sin sentencia firme.Otros hechos aguardan resolución en la máxima instancia judicial del país y traen, como si fuera una formación tranviaria, la sensación nada agradable del escándalo.
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