MADRID, España (AFP-NA). El Gobierno español presentó una nueva reforma del sector bancario que debería aclarar la situación de su patrimonio inmobiliario problemático, con la esperanza de tranquilizar a los mercados dos días después de haber rescatado Bankia, el cuarto banco del país.Haciendo caer la bolsa española a niveles de hace nueve años, los inversores dieron esta semana un mensaje claro: siguen sin creer en las cifras presentadas por los bancos españoles y temen que los activos inmobiliarios que acumularon durante la burbuja no valgan ya mucho.Las entidades bancarias cargan con una losa de 184.000 millones de euros (unos 238.000 millones de dólares) de activos “problemáticos” por su valor incierto (créditos de dudoso reembolso, inmuebles confiscados en un mercado devaluado), es decir, un 60% de su cartera.“La idea general es que la situación de los bancos es peor de lo que se creía”, dice Edward Hugh, economista independiente instalado en Barcelona, recordando que “todavía estamos lejos de conocer la verdadera envergadura de las pérdidas” causadas por el sector de la construcción.“Tiempos difíciles”La Zona Euro se encamina hacia una lenta recuperación, pero debe corregir “graves desequilibrios” en los países más amenazados, como España, cuarta economía de la unión monetaria, a la que se le vaticinan “tiempos difíciles” en un análisis demoledor de Bruselas.“Si bien esperamos una recuperación, la coyuntura económica de la Zona Euro sigue frágil, con graves desequilibrios entre los estados miembros”, señaló Olli Rehn, comisario de Asuntos Monetarios, al presentar el viernes el informe de primavera.De un lado, países como España, sometidos a draconianos programas de austeridad, se encuentran seriamente amenazados. Las cifras del análisis comunitario vaticinan una contracción para la economía española (-1,8%) este año y en 2013 (-0,3%), con un desempleo del 25,1%.Endeudados por siete mil añosUn pequeño ayuntamiento español necesitaría 7.058 años para saldar sus deudas, según denunció este un alto funcionario del Gobierno que quiso poner un ejemplo del despilfarro de algunas administraciones públicas.Beteta no desveló el nombre del municipio afectado, pero el ayuntamiento de Pioz, a unos sesenta kilómetros al norte de Madrid, se dio rápidamente por aludido.Pioz tiene apenas 3.500 habitantes y acumula una deuda de 16 millones de euros (20,5 millones de dólares), según reconoció su alcaldesa, Amelia Rodríguez.Denunció que la anterior corporación se sirvió de los buenos años de la construcción para poner en marcha proyectos que fueron imposibles de pagar con el estallido de la crisis económica.Pioz se acogió a un plan de pago a proveedores aprobado por el gobierno del Partido Popular. El plan permite a los municipios acceder a un préstamo económico del Estado para hacer frente a sus facturas pendientes, a cambio de un programa de ajuste en el que se contempla la devolución de ese dinero.Hasta la fecha, 4.623 municipios de los más de 8.000 que hay en España se han sumado al programa. Beteta hizo las cuentas y le dio 7.000 años para sanear sus finanzas.
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