En sintonía

Con un 81% de votos positivos, y tras dos días de debate, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de expropiación del 51%  de las acciones de la empresa española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) , devolviendo a la emblemática petrolera, privatizada en 1992, al Estado argentino.Las numerosas contradicciones que se marcaron en el debate, con críticas tanto a las líneas vacilantes de las relaciones entre el gobierno kirchnerista y la empresa española como  a  los vaivenes de la política energética argentina en general, no impidieron que sobrevolara el Congreso una sensación de estar ante un hecho histórico.Fuera de la pirotecnia verbal e ideológica, la casi absoluta mayoría que consiguió captar el gobierno en las dos cámaras, en una votación que se hizo a las apuradas para cumplir con los plazos relativos a la vigencia de la intervención estatal en la petrolera, reflejó un  consenso sin precedentes en todo el período de gobierno K.El carácter estratégico de la decisión de repatriar la empresa, que en su momento se privatizó con dudosos argumentos en medio de la ola desnacionalizadora de los 90, no se le escapó ni a algunos adversarios irreconciliables del Gobierno, como “Lilita” Carrió, que  se decidió por la abstención. Los escasos diputados que se permitieron privilegiar la política de entrecasa y votaron en contra del proyecto no alcanzaron a percibir que -más allá de los nombres y los hombres- la sintonía que se expresó en la votación entre un abanico diverso de fuerzas políticas marca un punto de inflexión en el escenario político. El voto mayoritario reveló que, en la actualidad y a diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, el tema de la disponibilidad y la propiedad de los recursos naturales estratégicos no está en discusión. Queda en pie, sin embargo, el riesgo de una administración ineficiente y  la insuficiencia de recursos, a la hora de garantizar las inversiones y la tecnología necesarias de aquí en adelante. El diputado del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano subrayó que el respaldo a una medida de carácter estratégico se habría fortalecido en el sentido de una política de Estado si no fuera por los errores de procedimiento del proyecto y porque no se abrió una discusión a fondo de las correcciones que precisaría la iniciativa oficialista. Luces y sombras“Tampoco se entiende por qué vamos por el 51% de las acciones de Repsol, y no sobre el 25 % de las de Eskenazi, que este es otro tema que hasta desde la normativa vigente, que no es la mejor pero es la que existe, nos deja mal parados tomar una determinación de esta naturaleza”, dijo Lozano, reiterando una incógnita que recibió muchos comentarios.  El rol del grupo Petersen, básicamente formado por la familia Eskenazi, fue ya un misterio cuando en 2008 el gobierno operó para instalarlo en el directorio de la empresa, a pesar de la escasa experiencia del grupo en el rubro petrolero. Lozano destacó que el proyecto contiene errores que deberían haberse cuidado y que pueden ser materia de futuros juicios. “En ese sentido, nosotros vemos que es un objetivo importante, una determinación de carácter estratégico que hay que respaldar, pero que tiene muchos problemas”, indicó. Cristina Kirchner, en tanto, firmó el viernes a la tarde  el decreto por el cual quedó promulgada la ley de expropiación.  En un discurso transmitido por  cadena nacional, la mandataria  presentó al nuevo gerente general de al compañía, de perfil eminentemente técnico, el ingeniero entrerriano Miguel Galuccio. Dijo que la petrolera deberá funcionar en forma “eficiente” y “profesional”.Curiosamente, mientras la presencia de La Cámpora en la conducción de la empresa, representada por el economista Axel Kicillof, es una de la mayores preocupaciones planteadas en la oposición, estos días el ex ministro Cavallo se introdujo en el debate afirmando que -aunque no comparte sus ideas- , Kicillof es claro en sus explicaciones y en sus objetivos, al contrario del vicepresidente Boudou, a quien acusó  de  haberse “convertido a un estatismo delirante”,  incoherente con sus antecedentes en la UCD y el CEMA. En este contexto, el consenso sobre el impacto potencial de la renacionalización no despeja mágicamente las incertidumbres que subsisten en varios niveles, incluyendo el de la energía. Los efectos más  inmediatos que se atribuyen a la operación de recuperación de YPF impactarían en Misiones en forma diversa. Por un lado, desde del Foro del Gas se advirtió que cuando aún no se reglamentó la ley relativa al financiamiento del Gasoducto del Nordeste, ya se suspendieron dos licitaciones y se estima que los requerimientos de YPF serán una suerte de aspiradora, que limitará las inversiones en obras públicas. La parálisis del proceso licitatorio del G-NEA coincide con el silenciamiento del tema a nivel oficial, que contrasta con los resonantes discursos del año pasado, cuando se anunció que el proyecto de traer el gas natural a las provincias tradicionalmente marginadas de esa provisión entraba definitivamente en su etapa de concreción. Este parate de una obra considerada por el propio gobierno como de “reparación histórica”, coincide con la concentración centralista de los anuncios de inversión en el primer trimestre: la consultora Abeceb señaló, recientemente, que durante el primer trimestre se registraron 164 anuncios de inversión por un monto de u$s 8.579 millones; de los cuales el  90%  se concentró en 7 provincias; y sólo el 1% fue para la región NEA-NOA.  Por otra parte, la necesidad de invertir en YPF también impactaría en las obras de construcción de Garabí y Panambí, en las que el Gobierno argentino se comprometió -en el marco de la última licitación- a realizar un importante desembolso. En el propio gobierno provincial se especula con la eventual demora de la construcción de Garabí, proyecto con el que el gobierno del Frente Renovador está identificado y comprometido, pero que tiene un costo político implícito por la visión negativa de una parte importante de la población.En este marco, esta semana el gobernador Closs pidió “un debate serio” que contemple las necesidades de energía para la industrialización de la provincia, al hablar en el tradicional men
saje a la Asamblea Legislativa, en el acto de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes. Lo que no dijo Closs, en lo atinente a la construcción de la represa, pero muchos lo piensan y lo expresó el ex titular de la FEBAP  Miguel Schmalko, en Brasil, ante la presencia del propio Closs, es que “la represa de Garabí se va a hacer de todos modos, aunque no lo quieran los misioneros, porque hay suficientes argumentos de índole binacional”.  La sesión especial del 1 de Mayo, que esta vez se hizo por excepción en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, registró -tal vez por obra del escenario- una puesta en escena en la que el rovirismo apareció ocupando los lugares más expectantes, en tanto la gente del clossismo se tuvo que conformar con lo que le dieron. El acto protocolar, a su manera, ratificó los rumores sobre la avanzada en los últimos tiempos – en la interna renovadora-  de los sectores afines al presidente de la Legislatura, que preludian el escenario de definiciones electorales que se viene en el próximo año.En el privilegiado escenario del teatro lírico hubo quienes creyeron estar ante el inicio de una ópera bufa, cuando al abrirse el acto, el titular de la Cámara le cerró el paso -con una ademán- al gobernador que se disponía a sentarse en el sillón que tradicionalmente el anfitrión -el presidente del legislativo- cede al  Jefe del Ejecutivo. Ya sentado Closs, el efecto operístico se consumó cuando -acto seguido-  inició su mensaje con un caluroso elogio de las buenas relaciones que mantiene con el socio político que le había negado el asiento. Apenas una muestra de lo que se viene.Y la semana se cerró con otro episodio lamentable protagonizado por el subsecretario de Transporte, Hermes Almirón, catalogado como “el peón de Zbikoski” por los estudiantes que el jueves le exigieron una explicación por el boletazo. El funcionario se atrincheró y recién salió a dar la cara cuando los jóvenes universitarios tomaron parte del edificio donde funciona su oficina. Pero, como siempre, esquivó las respuestas concretas y repartió promesas.Almirón compite con Marcelo Vairo, el Defensor del Pueblo de Posadas, en quien justifica mejor desde el oficialismo las apetencias del monopolio que maneja el transporte urbano de pasajeros en el departamento capital.