POSADAS. El Instituto Provincial de Loterías y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC) anunció hace días que otorgará créditos a los policías que se encuentren ajustados con sus ingresos; meses atrás se lanzó a la comercialización y exportación de muebles y también creó una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos.El IPLyC figura como socio inversor en varios hoteles de la provincia y en los más importantes emprendimientos turísticos que se lanzaron en los últimos años. Como si fuera poco, el presidente, Eduardo “Balero” Torres, anunció la construcción de una torre de más de 30 pisos, que sería la más alta de la ciudad, para dedicarse al rubro inmobiliario y anticipó un proyecto conjunto con el gobernador Closs de crear una especie de “mini Las Vegas” en Puerto Iguazú, aumentando la oferta del juego en la turística ciudad de las Cataratas.Todo este abanico de inversiones en múltiples rubros se complementa nada más y nada menos que con la concesión de los casinos de toda la provincia, las salas de juegos, la quiniela y otros juegos; hasta incluso con el convenio con la firma Bwin, líder en apuestas online en el mundo, que ingresó al negocio en la Argentina a través del Instituto de Loterías misionero.A pesar de esta envidiable carta de presentación, el presidente del organismo se niega a otorgar mejoras salariales a los trabajadores, que son el puntal principal del organismo. Hay una situación de conflicto permanente que se originó en la gestión anterior de Balero Torres y continúa hasta estos días cada vez agudizándose más.Convenio colectivoHace más de un año y medio el sindicato de trabajadores del IPLyC negocia con las autoridades la homologación del convenio colectivo de trabajo para el personal del organismo, que establecería las reglas básicas y las obligaciones de cada una de las partes en la relación laboral.El jueves estaba prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde se debía definir los últimos “retoques” del convenio y además firmar el acuerdo salarial para este año. Los trabajadores ya percibieron 10% y exigen otros 20% para llegar a 30% en el año.La sorpresa de las autoridades del gremio fue que no asistió nadie del IPLyC y le hicieron llegar el siguiente mensaje: “si no bajan el juicio no se darán más aumentos”.La situación no fue nada novedosa ni sorpresiva. El mismo Balero Torres, hace un mes, bajó a una asamblea que realizaba el personal y lo habría dicho sin vueltas en la cara de todos los presentes: “si no arreglamos lo del juicio nadie tendrá aumento este año”. Incluso llegó a amenazar con “privatizar” el Instituto, según contaron a PRIMERA EDICIÓN integrantes del gremio que estuvieron presentes.El convenio colectivo y el 20% más de aumento que reclaman no podrá ser ratificado en el Ministerio de Trabajo por lo pronto hasta que el IPLyC decida presentarse a las audiencias conciliatorias.Los trabajadores ven relegados sus reclamos y derechos laborales por un condicionamiento irregular que estaría imponiendo a plena luz del día el titular del organismo.“La excusa de que no hay fondos ya no tiene sentido, el IPLyC es el principal financista de los proyectos turísticos que impulsa el gobernador; otorga créditos a los policías, construye un mega edificios, resulta que hay plata para todo el resto, pero para el personal nos niegan”, expresaron desde la comisión directiva del gremio.El sindicato convocó a una asamblea informativa a todos sus afiliados para el día lunes 7 de mayo donde se decidirán seguramente medidas de fuerza, anticiparon a este diario. El polémico juicioEl juicio que Balero pide “arreglar” o “bajar” de acuerdo a las palabras escuchadas por integrantes del gremio, es una demanda iniciada en el 2007 por dos aumentos salariales que el mismo Torres, en aquel entonces no otorgó al personal y que le correspondía.En total se trata de un 35,5% de aumento para todos los empleados. “El juicio está en el laboral 4, a punto de tener sentencia, y casi con seguridad creemos que nos va a favorecer porque las pruebas son contundentes a nuestro favor”, señalaron directivos del sindicato. Esta sería la preocupación de Torres ya que el desembolso por su accionar tendrá consecuencias millonarias para la caja del Instituto de Loterías.Además de los dos aumentos, en ese mismo período Torres firmó una resolución a través de la cual le quitó al personal un adicional por productividad; a través del cual se repartía entre todos los trabajadores el 3% de las ganancias mensuales del organismo.“Es mucho dinero lo que estamos reclamando en el juicio y los compañeros no están dispuestos a bajarse porque es un derecho adquirido. Este condicionamiento de que bajemos el juicio para homologar el convenio colectivo y firmar el aumento de 20% para este año es literalmente una apriete, es ilegal, arbitrario y debería estar lejos de las actitudes de un funcionario con tantos años en diversos cargos públicos”, recalcaron desde el gremio que agrupa a los trabajadores. Finalmente explicaron que la importancia del convenio colectivo radica en establecer reglas claras para que no ocurra lo que suele pasar actualmente: por decreto y por amiguismo, cualquier acomodado entra con ingresos y categorías más elevadas que un empleado con 20 años de antigüedad.
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