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Evo expropia una empresa española

2 mayo, 2012

LA PAZ, Bolivia (AFP y Agencias). El presidente de Bolivia aprovechó el acto por el Día de los Trabajadores para dar a conocer la nacionalización de la Transportadora de Electricidad SA, que pertenece en un 20% al Estado español. Ordenó a las Fuerzas Armadas que tomen el control provisoriamente. Un 1º de mayo, pero de 2006, anunciaba la estatización de las petroleras. “Hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad”, dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz. “En 16 años, la empresa privada ha invertido apenas cinco millones de dólares al año”, justificó la medida. Afirmó que su gobierno reconocerá las inversiones realizadas en su país: “Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver”.Lo que se nacionalizó es la Transportadora de Electricidad SA, manejada por la empresa Red Eléctrica Internacional (REI), filial del Grupo Red Eléctrica de España (REE). Y la pone en manos de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE). “Para aclaración de la opinión pública nacional e internacional, esta empresa antes era nuestra. Y lo que era nuestro ahora lo estamos nacionalizando”, aseguró el mandatario boliviano. “El presente decreto supremo tiene por objeto nacionalizar a favor de ENDE, en representación del Estado Plurinacional, el paquete accionario que posee la sociedad Red Eléctrica Internacional en la Empresa Transportadora de Electricidad”, afirmó Morales en el presidencial Palacio Quemado. Así, el 73% de las líneas de transmisión en el sistema interconectado de electricidad volverán a control de la Empresa Nacional de Electricidad, con sede en Cochabamba, en el centro del país. “Toda la cadena de electricidad estará en manos del Estado boliviano”, afirmó Morales tras promulgar el decreto supremo 1214. Además, ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas, el resguardo militar de las dependencias que eran administradas por la filial de la Red Eléctrica de España.  La empresa controla las actividades fuera del territorio español a través de REI, que tiene sus principales actividades en Bolivia y Perú, según consigna en su página web. En 2002, la REI adquirió el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana Transportadora de Electricidad S.A., propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional. El 20% de las acciones de la empresa española corresponden a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del país. La red de transmisión en alta tensión expropiada se extiende por seis departamentos bolivianos. En 2010, el resultado bruto de la operación de la empresa fue de US$ 25,12 millones, un incremento del 3,5% con respecto a 2009, según datos oficiales de la empresa en su informe anual. Este incremento es el resultado de mayores ingresos de explotación (US$ 38,2 millones) en 2010. La segunda de 2012Esta es la segunda expropiación que una empresa española vive en menos de un mes. Es que el lunes 16 de abril pasado, la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la nacionalización de las acciones de la petrolera Repsol en YPF.  Cronología de las estatizaciones• 2006- A pocos meses de asumir la presidencia de Bolivia, con el decreto “Héroes del Chaco”, el 1 de mayo de ese año el mandatario declaraba el fin del “saqueo de los recursos naturales”. Los hidrocarburos se presentaron como el objetivo principal de las expropiaciones, específicamente, las reservas de gas, principal fuente de divisas del país. El presidente comenzó la negociación de nuevos contratos de explotación con las empresas extranjeras. En octubre de 2006, reestatizó la mina de estaño de Huanuni.• 2007- En enero de ese año se rescindió el contrato de Aguas del Illimani, una empresa de servicios de agua y saneamiento del departamento de La Paz. Era propiedad de la francesa Lyonnaise des Eaux. El Complejo Metalúrgico Vinto volvió a manos del Estado de febrero de 2007. Morales aseguró que el Estado “no indemnizará ni un solo peso” a la minera Sinchi Huayra.• 2008- Morales anunció la nacionalización del 100% de Entel, la mayor telefónica en Bolivia y filial de la italiana Telecom. También adquirió la totalidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de capitales alemanes y peruanos. Aquel 1 de mayo concretó la compra por parte del Estado de más del 50% de las acciones de la petrolera Andina, hasta ese entonces filial boliviana de Repsol YPF. El Día del Trabajador el Estado recuperó la mayoría accionaria (50% + 1) de Chaco -filial de British Petroleum. El presidente se quedó también con el 50% de las acciones la petrolera Transredes, administrada por Ashmore y Shell.• 2009- A principios de ese año Morales decidió nacionalizar la petrolera Chaco, luego de acusar a British Petroleum y a la argentina Bridas de sacar del país 277 millones de dólares en 2008. El anuncio se hizo con la estatización de AIR BP Bolivia, encargada del suministro de combustibles de aviación en los aeropuertos.• 2010- El proceso de estatización del sector eléctrico comenzó otro Día del Trabajador, cuando se estableció la transferencia de la propiedad de las generadoras Corani, Valle Hermoso y Guarachi a la Empresa Nacional de Electricidad (Ende). 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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