POSADAS. Confirmado: el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) decidió suspender en sus funciones por un plazo de treinta días al funcionario judicial de Puerto Iguazú investigado por presunta adulteración de documento público, tal como lo adelantara ayer PRIMERA EDICIÓN.Asimismo, trascendió que se designó a la camarista de Eldorado, Lyda Gallardo, como instructora del sumario administrativo que determinará si el acusado tuvo responsabilidad o no en el objeto de la investigación.El empleado tenía a su cargo una camioneta, al parecer secuestrada en un procedimiento policial, cuyo oficio de entrega en depósito judicial llevaba la firma falsificada de un secretario del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, indicaron fuentes del caso.Según pudo establecer este diario, el objetivo de la investigación interna, puertas abiertas del Poder Judicial, es determinar si el funcionario de Iguazú tuvo vinculación o no con la “truchada” del oficio judicial que dispuso la entrega, a él mismo, de la lujosa camioneta (trascendió que se trataría de una Toyota Hilux).Lo que sí estaría comprobado es que el vehículo estaba a su cargo y que, incluso, muchos lo vieron al volante.El caso habría trascendido después de la feria judicial de enero, cuando el secretario se habría presentado ante el juez Eduardo Fernández Ricci, quien acababa de hacerse cargo del Instrucción 3, y denunciado que le habían falsificado la firma.En ese contexto trascendió el caso, que fue manejado en absoluta reserva por la Justicia, hasta el martes cuando este diario tuvo acceso a la información.Fuentes de la pesquisa indicaron que la camioneta había sido secuestrada a un agricultor de Andresito, al parecer por adulteración de chasis y motor.La causa continúa en el Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, sin que hasta el momento se hubiera resuelto la situación procesal del imputado.El informante explicó que si el funcionario hubiera solicitado la entrega de la pick up en depósito judicial no se la hubieran dado porque era parte del proceso que investigaba el magistrado.El acusado fue suspendido en sus funciones por treinta días, sin goce de haberes, por resolución del STJ.La camarista Gallardo tiene bajo su responsabilidad el sumario administrativo que, en caso de ser adverso a los intereses del investigado, podría desembocar en un juicio político. Posibles consecuenciasFuentes cercanas al Superior Tribunal de Justicia no descartaron que el desafortunado episodio ocurrido en Puerto Iguazú, en el que se adulteró un oficio de entrega de una camioneta en depósito judicial, pueda desembocar en una revisión de todos los vehículos otorgados a funcionarios del Poder Judicial de la provincia.La misma especie indicó que, en realidad, podrían revisarse aquellos casos en que los automóviles son destinados para el uso personal.Si se establece que los mismos están siendo usados en organismos de bien público, no habría problemas, señaló.Sin embargo, aclaró, es demasiado pronto para hablar de consecuencias, aunque no pudo negar que la cuestión será tema de debate en la agenda del STJ.Sin dudas, la utilización de vehículos en depósito judicial para entidades de bien público e, incluso, para el Poder Judicial, no está mal, siempre y cuando no sea destinado a cuestiones personales.Mejor así y no que se pudran en un baldío, a sol y lluvia.
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