POSADAS. El comerciante y ex detenido político durante la dictadura, José Aníbal Leiva, declaró ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, que reconoció a varios aborígenes mbyá, presumiblemente muertos en la tortura, entre las víctimas de la represión ilegal alojadas en el Área 232, del Ejército Argentino. En un crudo y dramático relato sobre su paso por los centros de tortura tras su cautiverio – fue detenido a los 17 años, a fines de 1976, cuando era estudiante secundario y acompañaba a los sacerdotes José Czerepack y Ramón Fabiano en su trabajo social en los barrios- Leiva dio detalles sobrecogedores de los métodos de tortura, y de la impunidad con que actuaban los represores, “que obligaron a Monseñor (Jorge) Kémerer a desnudarse y entrevistarse con nosotros en calzoncillos, cuando nos visitó en la Jefatura”; reveló. Conocedor del idioma guaraní y partícipe de la obra pastoral del obispo Kémerer en las comunidades mbyá, Leiva aseguró que los represores “traían a los indios de la selva misionera para torturarlos”, a lo que agregaría más tarde – en otro tramo de su extenso testimonio y al borde del llanto- que “lo que más me duele son esos indios que se morían golpeados y decían -repitió la frase en guaraní- “¿porqué me hiciste esto, si yo no hice nada?”.La historiadora Yolanda Urquiza, a quien se debe gran parte del trabajo de documentación y relevamiento de la actuación de la represión ilegal en Misiones, que sirve de base a los cuatro “Juicios por la verdad” llevados a cabo, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “de todos los testimonios que hemos venido registrando hasta ahora; tanto en este juicio como en los tres anteriores, es la primera vez que un testigo hace referencia a víctimas de las comunidades originarias”.El testimonio puede derivar en una nueva investigación, como ya ocurrió en otras audiencias del juicio actualmente en curso, que se tramita en el mismo Tribunal que los anteriores, -que derivaron en condenas ejemplares- aunque con un jurado subrogante compuesto por cuatro magistrados provenientes de Formosa y Chaco, y presidido por el juez federal formoseño Rubén Quiñones. Los cinco acusados, el médico policial Guillermo Roque Mendoza, los agentes Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, el ex coronel Carlso Omar herrero, jefe de policía durante la dictadura, y el entonces jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de Misiones, Felipe Nicolás Giménez. “El manejaba todo” Leiva subrayó que no vio a Giménez, porque se encontraba la mayor parte del tiempo vendado, como todos los secuestrados, pero le consta que “él no torturaba pero mandaba todo desde su oficina en el fondo”. Recordó, además, que una mujer que asistía a Giménez en el trato a los prisioneros, lo llamaba familiarmente como “Tape”. Leiva contó, asimismo, haber oído a un detenido increpar al jefe de Informaciones diciéndole, “ché, comisario Giménez, cómo me va a torturar acá, si yo soy Ramón Figueredo, un policía cué”.El ex detenido, a quien llamaban “El niño”, cuando estaba en cautiverio, por su corta edad, y sus 40 kilos de peso, aunque denunció los más bárbaros métodos de tortura que -dijo- “Si aparecía satanás hubiera pedido clemencia”, también resaltó que hubo “policías buenos” que trataban de ayudar cuando podían. Precisó en este caso a un oficial que “no podía soportar ver como violaban a las mujeres después de la tortura y se quejó al jefe Glinka, y lo dieron de baja”. “Los civiles también” Además de Leiva, declararon ayer José Aníbal López y Luis Carlos Olmos y las ex detenidas Lourdes Langer de Hippler, Juana Hidalgo, Ana María Macchi, a quien sus captores – bajo tortura- le hicieron firmar la cesión de un valioso terreno de su propiedad en Puerto Iguazú, y María Graciela Leyes.Olmos, trabajador y militante santafesino detenido cuando residía en Montecarlo con su familia, dijo que identificó a Mendoza, durante el cautiverio, cuando lo revisó por una herida en la pierna, recibida a su paso por el centro de tortura de la Policía Federal, oportunidad en que el médico le dijo -burlónamente- ¿qué te pasó, te caíste de la moto?”. Olmos también resaltó que en las dependencias de la Policía, donde actuaba la represión, “se veía también a algunas personas del Poder Judicial” y específicamente dijo que aparecía frecuentemente “un hombre de unos 35 años, de bigote, y muy bien vestido, que aparentemente instruía a los policías”.Olmos destacó los nombres de algunos prisioneros especialmente golpeados por ser de cuadros políticos, entre los que ubicó al docente y sindicalista Aníbal Velázquez, “que fue salvajemente torturado, de una manera que es imposible explicar”. José Aníbal López, detenido cuando era estudiante secundario, brindó una breve exposición, en la que no describió los tormentos recibidos, a pesar de que otro detenido había señalado que “fue tan castigado con la picana que tenía la cara doblada”. López aportó una clara identificación del acusado Pombo, que era futbolista profesional. “Lo reconocí al señor Pombo, cuando me sacaron la venda, lo vi ahí. Lo reconocí porque lo veía siempre jugar al fútbol”, acotó.La ex detenida Graciela Leyes, recordó que al ser secuestrada, en un allanamiento sorpresivo a su casa en el centro de Posadas, “cuando llegaron le apuntaban a mi mamá, como yo era tan chica; después se dieron cuenta que era yo la que buscaban”. Leyes formuló una dura crítica a la actitud de la sociedad civil en la época; “la sociedad lamentablemente no acompañaba, ni a nuestros familiares, ni a quienes tuvimos la desgracia de estar presos”. Remarcó que un conocido colegio privado posadeño, la expulsó al volver de su cautiverio de un año y que tuvo problemas para ingresar a otro colegio religioso. “No me va a alcanzar la mañana pa
ra contar la cantidad de cosas que nos hacían”, dijo Leyes al Tribunal, e insistió en que “la participación de los civiles es una deuda muy grande que tenemos todos como sociedad, y que la Justicia tiene que ayudarnos a saldar”.Como en otras audiencias, los testimonios ratificaron el circuito represivo que, en pleno centro posadeño, incluyó al Servicio de Informaciones de la Jefatura, el Área 232 del Ejército; la Policía federal y la cárcel ya desaparecida ubicada en Entre Ríos y Ayacucho, entre otros centros clandestinos. “La esperanza es el Obispado”La historiadora Yolanda Urquiza, destacó que “en los testimonios que hemos venido registrando hasta ahora, tanto en este juicio como en los anteriores, es la primera vez que un testigo hace referencia a víctimas de las comunidades originarias”. “Creo que ese es un dato que valdría la pena ponerlo como uno de los puntos pendientes de investigación para seguir conociendo lo que pasó en esta etapa. El testigo vio los aborígenes muertos y torturados en dependencias del Area 232, del Ejército Argentino”, precisó. Urquiza estimó que para avanzar concretamente en la investigación de esta denuncia, “la esperanza que queda son los archivos del Obispado, porque como monseñor Kémerer tenía ese trabajo pastoral con las comunidades originarias, habría que explorar en esos archivos a ver si quedó alguna indicación, o alguna huella”, enfatizó la investigadora de la UNaM. Sospechosa muerte de dirigente sindicalLa ex detenida Juana Hidalgo, con 19 años cuando fue secuestrada por haber militado en la creación de un sindicato de empleadas domésticas, incriminó en su testimonio al fallecido dirigente peronista Marcelo Quirelli, como integrante de la organización paramilitar conocida como “las Tres A”: “En 1975, teníamos en la calle Beato Roque González un local bien puestito, con una silla, un escritorio, mimeógrafo -que era todo el mobiliario- pero era nuestro local de encuentro. Nos reuníamos ahí todos los domingos las empleadas domésticas, y resulta ser que un día, de buenas a primeras, aparece una patota de la Triple A con Quirelli a la cabeza, y nos desbarata el local”, confirmó Hidalgo a PRIMERA EDICIÓN. “Entonces balean y lastiman a las personas que estaban ahí y prenden fuego al local. Eso fue lo terrible, porque nosotros teníamos ahí los carnet que les íbamos a entregar a nuestras compañeras como integrantes del sindicato; y el ataque terminó con tres años de duro trabajo para armar nuestro sindicato”. “La gente al verse en ese estado de miedo se desbandó y nunca más, recapituló la dirigente. Recordó que junto a ella, “que no me incluyo porque era menor de edad”, fundaron el sindicato “la señora Ilda Rosner de Fariña -que no se qué fue de su vida- la señora Zenona Benítez y la señora Santabandera”.Respecto a la última de las nombradas, la principal dirigente del sindicato, sostuvo Hidalgo que fue víctima de un atentado que “la policía no investigó y caratuló como accidente” y del que también responsabilizó a Quirelli. “El 16 de febrero de 1976, iba nuestra compañera, la señora Santabandera, de casi 50 años -con muchos hijos y nietitos- volviendo del corso de acá de Posadas, caminando en la zona de Lavalle casi Ruta 12, y la atropella una camioneta color rojo. Después se supo que era la misma que siempre estaba estacionada en el local de UOCRA y, también, se comprobó que esa camioneta era del uso del señor Quirelli. La policía no investigó nada, sería bueno poder investigar y darle un cierre legal y decente a una persona que lo único que hizo fue servir a la comunidad”, reclamó Hidalgo.
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