BUENOS AIRES (NA). La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal anuló ayer la resolución por la cual se aceptaba como querellante al Estado nacional en la causa por el accidente ferroviario en Once, por considerar que todavía se debe dirimir si tuvo o no responsabilidad en el hecho.De esta forma, la Cámara declaró la nulidad de la resolución que aceptaba al subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, como representante del Estado ante la Justicia en la causa por la tragedia ocurrida el 22 de febrero último, que dejó un saldo de 51 muertos. El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ahora ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi habían anunciado que la presentación del Gobierno como querellante al día siguiente de la tragedia y a principios de marzo, el juez Claudio Bonadío había aceptado la presentación. En su fallo, la Cámara subrayó que la resolución había señalado la legitimación del Estado como querellante por su “condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión” y “su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”.En este sentido, el fallo firmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah evaluó que “esas mismas cualidades son las que se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso”.Para el tribunal, la investigación se encuentra aún en estado “incipiente” y se debe priorizar “la preservación de la correcta investigación de las hipótesis delictivas denunciadas”.“Dicha tarea resultaría cuanto menos dificultosa si se admite como acusador particular a quien puede ser, por acción u omisión e independientemente de la condición física o jurídica de su personalidad, eventualmente querellado por esos mismos sucesos”, agrega el fallo.El juez Claudio Bonadío, a cargo de la causa, había aceptado al Gobierno nacional como querellante en la causa en la que se investigan las causas del accidente ferroviario en la estación de Once. Aquella medida fue muy cuestionada fuera de los tribunales. El 5 de marzo pasado, el abogado Gregorio Dalbón, que representa a víctimas de la tragedia, apeló la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno. Dalbón objetó la decisión de Bonadío porque funcionarios del Gobierno “pueden resultar imputados” en la causa y además le da “la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación”.El abogado consideró que el juez había cometido una “flagrante violación” del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante “en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública”. La Sala II de la Cámara Federal ayer le dio la razón.Dalbón había recusado también a Bonadío y le pidió que se apartara de la causa porque su decisión de aceptar al Gobierno como querellante “conforma una clara evidencia de que tiene interés en que el proceso tenga un resultado favorable con relación a los mismos”, en referencia a los funcionarios del Estado. Pero en ese caso, la Cámara rechazó su pedido y el magistrado seguirá a cargo de la causa.
Discussion about this post