Los principales candidatos a la presidencia medirán fuerzas hoy en un debate televisivo que se hará por primera vez en el país, aunque ya es habitual en otras latitudes, y que concede a los candidatos la oportunidad única de exhibirse, en un momento clave de la campaña, ante una concentración de electores que sólo los grandes medios masivos pueden reunir.En teoría, suponiendo la no existencia de una mayoría determinante ya conformada, los dichos u omisiones de los presidenciables frente a la pantalla pueden hacer bajar o subir puntos de intención de voto, influyendo en la tendencia en un momento decisivo, como es el actual, a sólo 21 días de las elecciones. En la práctica y en la Argentina actual, el cuadro es más complejo y de partida aparece incompleto por una ausencia notoria, como es la del candidato del Frente Para la Victoria Daniel Scioli, favorito de las encuestas, quien rechazó la propuesta de debate elaborada por una ONG vinculada a una universidad en conjunto con algunos medios de comunicación. La negativa de Scioli, en un escenario político en el que sobresale el enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y los grandes medios, quita expectativas al debate, que tendría como principales animadores a los candidatos de Cambiemos, Mauricio Macri, y de UNA, Sergio Massa, los mejor posicionados -en ese orden- en el arco político opositor, aunque enfrentados entre sí. La puja entre Macri y Massa por ubicarse en una pole position en un futuro ballottage, que impacta en el escenario político real, probablemente no encontrará en el mano a mano televisivo un canal de expresión adecuado. Por añadidura, la ausencia de Scioli resta al coloquio mediático la voz del gobierno, imprescindible en una elección en la que, quiérase o no, el debate se concentra en el modelo que en la última década instalaron los gobiernos kirchneristas.Por otra parte, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde la recuperación de la democracia -y a excepción de la reelección de Menem- el final del ciclo de gobierno kirchnerista no obliga a un debate en la cornisa frente al abismo de una crisis irreparable; tal como ocurriera con Alfonsín y De la Rúa, que tuvieron que abandonar anticipadamente el gobierno. También con el propio Menem en su intento de volver en 2003, jaqueado por el fantasma de la implosión de la convertibilidad, o incluso en el atípico interinato de Eduardo Duhalde; que terminó su carrera política, tras los asesinatos de Kosteski y Santillán durante la represión a manifestantes piqueteros en el Puente Avellaneda. Pago a tiempo En este marco, el trasfondo sobre el que se proyecta el escenario electoral, en su aspecto económico-financiero, se terminará de definir simbólicamente mañana, cuando se concrete el anunciado pago en efectivo del vencimiento del Boden 2015, por 5.900 millones de dólares, tal como lo anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof. Al día siguiente se lanzará la licitación del Boden 2.020, un nuevo bono destinado a moderar la sangría de reservas y ofrecer, simultáneamente, una oportunidad a los inversores que buscan mantener su dinero en ese instrumento en dólares. El cumplimiento con los inversores sin un sacrificio mortal de reservas cierra un debate reiterado y suspicaz entre el gobierno y algunos economistas que habían lanzado fundadas dudas sobre la capacidad del Ejecutivo que encabeza Cristina Kirchner de cumplir con el abultado compromiso financiero. El monto es uno de los más importantes que tuvo que afrontar el Estado argentino desde que se inició la puja con los holdouts. Y se abrió un período de incertidumbre respecto al financiamiento externo que impregna todos los debates en torno del futuro de la economía. El desembolso, tonifica sin dudas la polémica sobre las negociaciones con los fondos buitres, y su significación para el gobierno que salga de los comicios de octubre próximo, en los que se elegirá al sucesor de Cristina Kirchner. Polémica anticipadaEn este marco, llamó la atención que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien es considerado un alter ego de Scioli en la conformación del pool de gobernadores que lo apoya, y suena como su probable canciller, en la presunción de un triunfo sciolista; emitiera una señal discordante respecto a la pelea con los holdouts, una de las áreas no negociables para el kirchnerismo duro.Urtubey habló el jueves en el Consejo de las Américas en Nueva York, ante un selecto auditorio empresario, explicando su visión respecto del futuro nacional, en el marco de lo cual afirmó que Argentina debe pagar a los holdouts porque “no haber acordado nos terminó generando mayores problemas”. La inesperada autocrítica no pasó desapercibida, y al otro día recibió una clara desautorización de parte del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aclaró que la afirmación no corresponde “ni al gobierno actual ni al entrante”, en referencia a Scioli. Si bien Urtubey había aclarado, al efectuar al afirmación, que el presunto armisticio se buscaría sin bajar las premisas que actualmente defiende Argentina en las negociaciones, la frase dejó planteada la polémica. El diferendo en materia de estrategia frente a los buitres (que se sugiere no por el hecho de anticipar una vía acuerdista, sino al decir que lo actuado hasta hoy habría sido negativo para el país, insinuando una autocrítica central para el discurso kirchnerista); deja abierto el principal interrogante que genera la perspectiva -por ahora mayoritaria- de un triunfo sciolista en octubre.¿Hasta dónde un gobierno de Scioli se mantendrá fiel a la bandera electoral de dar continuidad a los principales rasgos del actual modelo económico ya la sintonía con el kirchnerismo de paladar negro? En la instancia actual, la clave de la respuesta a este interrogante parece estar en las alianzas de Scioli con los líderes del peronismo tradicional y los gobernadores, a partir de las cuales se sugiere un gobierno del bonaerense fuertemente inclinado a un renacimiento del peronismo clásico, con todo lo que ello implica de vuelta atrás o diferenciación respecto al kirchnerismo. Un “refresh” políticoEn plena campaña electoral, la actividad política de la Legislatura misionera se distingue de otras provincias y del país, sancionando leyes que marcan la agenda política y mostrando un perfil de respuesta a algunas de las demandas sociales de cada momento, como el caso de la Ley de Agricultura Familiar; la Ley de Agroecología, el Banco de Tierras; la Ley de Trabajo Decente y la iniciativa de implementar de una buena vez la Ley del Boleto Educativo Gratuito, en un ámbito de consenso y previsibilidad, por decisión del presidente del parlamento, Carlos Rovira.En lo estrictamente partidario, se percibe una clara intención de refrescar el gabinete y de “reinventar las ideas del Frente Renovador” de cara a una nueva etapa si resulta la electa por el pueblo el 25 de octubre, empezando por renovar la integración de los cuerpos pro
fesionales que trabajan detrás de los referentes; involucrando jóvenes que le otorguen una nueva dinámica y empuje al proyecto político, con celeridad y formas que la oposición no encuentra cómo contrarrestar.En el marco de esta “reinvención” del oficialismo, Rovira piensa en dar prioridad a lo abarcativo: “los nuevos profesionales son los que garantizan los cambios” mencionó en varias oportunidades. Esa lógica de “refresch” se observa en la integración de las nuevas listas de candidatos: médicos, ambientalistas, dirigentes agrarios y sociales, abogados, empresarios que han provocado que en las últimas encuestas se anticipe un plano de continuidad del “proyecto”, tanto nacional como provincial. En Misiones en particular, el oficialismo puso énfasis en la gobernabilidad entre los poderes, “con una visión de conjunto de la provincia, dejando en el pasado situaciones de crisis sociales, de conflicto de poderes o disputas mezquinas entre intereses políticos”, según reiteran los voceros.La afinidad entre Hugo Passalacqua y Daniel Scioli, que se puso en evidencia en reuniones y en una nueva visita de Karina Rabolini esta semana que pasó, anticipan un relacionamiento fuerte de cara al futuro entre Misiones y la Nación, situación que se debería traducir en beneficios para los misioneros con obras, recursos y mayor integración, que más allá del color político, alcanzarían al conjunto de la población.
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