La desclasificación deja al descubierto no sólo la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de los soldados por parte de la oficialidad, sino que revela también que hubo un plan sistemático de las autoridades militares destinado a ocultar los hechos a la ciudadanía en general. Esta actitud, que también queda probada en los documentos dados a conocer por el Ministerio de Justicia de la Nación la semana pasada, indica que al final de la conflagración bélica el gobierno de facto, que creía posible continuar en el poder, consideraba prioritaria, para ello, a la estrategia de ocultamiento de lo ocurrido en Malvinas. Es decir que la misma lógica delicuencial que se aplicó en las acciones del terrorismo de Estado estaba presente en el frente militar. Los documentos, ya analizados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, serán enviados en los próximos días a la justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se tramita la causa por abusos sufridos por soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente. La documentación se enviará, además, al Congreso de la Nación y a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo pronunciamiento apeló la asociación de excombatientes involucrada en el caso, luego de que la Corte argentina declarara la prescripción de la causa. Aparentemente, además del valor histórico de una documentación que arroja luz sobre un capítulo de los más oscuros de nuestra historia reciente, la CIDH podría apoyarse en ella para sugerir reabrir el caso.
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