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Justicia por mano propia: Entre seis secuestraron y balearon a joven al que acusaban por el robo de un televisor

20 julio, 2018

Un nuevo caso de “justicia por mano propia” se registró en la provincia, esta vez en Iguazú, donde un grupo de vecinos del barrio Almirante Brown encañonó y secuestró a un joven al que acusaban por el robo de un televisor. El supuesto malviviente logró escapar cuando era trasladado a bordo de un utilitario, con destino incierto, tras lo cual milagrosamente huyó ileso del ataque a balazos perpetrado por los autores.

Los seis “justicieros” terminaron tras las rejas y en poder del grupo se secuestró una pistola calibre 45 milímetros que pertenecería a Gendarmería Nacional. Los detenidos son una mujer de 51 años; su hija de 24 y la pareja, un brasilero de 28; el otro hijo de la “cabecilla”, de 21; y dos vecinos de la zona, quienes también habrían participado en el “aleccionamiento”.

Fuentes del caso le contaron a PRIMERA EDICIÓN que todo comenzó el último martes por la mañana, alrededor de las 9, cuando un vecino de la calle Timbó de Puerto Iguazú se comunicó con la Policía provincial para informar sobre “movimientos extraños” en una de las viviendas del barrio Almirante Brown, emplazado a unas doce cuadras del centro.

El relato del testigo fue estremecedor. Aseguró haber visto a los acusados en momentos en que arrastraban a un joven en contra de su voluntad hacia una camioneta Renault Kangoo, que arrancó a toda velocidad conducida por el yerno de la dueña de casa, de nacionalidad brasilera, y se perdió en las calles del barrio.

Minutos después, prosiguió el vecino, el grupo regresó pero ya sin el “secuestrado”. Entre una y otra escena, el denunciante pudo notar un arma de fuego en poder de los “secuestradores”.

Una comisión de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V de la Policía provincial acudió rápidamente a la escena. A punto de llegar a la calle Timbó, los policías se cruzaron con la Kangoo buscada, que intentó escapar al ver a los uniformados, pero no lo logró. De a poco, el relato del vecino comenzó a ser confirmado.

En el lugar fueron detenidos el brasilero y su suegra, quien efectivamente llevaba una pistola semiautomática marca Ballester-Rigaud calibre 45 milímetros en la cartera, con tres cargadores y municiones calibre 11.25, además de un cuchillo de importantes dimensiones. El dúo terminó detenido y todo comenzó a cerrar.

Los detectives fueron hasta la vivienda de la familia, donde procedieron a la detención de la hija de la “pistolera”, a la vez que en el lugar -tanto en el patio interno como sobre la calle- incautaron dos vainas servidas calibre 11.25.Allí se supo que el cuarto “justiciero” era el hijo de la mujer, de 21 años y domiciliado en el barrio Las Orquídeas.

Se realizó entonces un seguimiento que acabó con la aprehensión de ese sospechoso, en momentos en que intentaba ocultarse en cercanías del Hito Tres Fronteras. Ya en la noche del miércoles caerían los otros dos involucrados, quienes serían conocidos de la familia detenida.

La denuncia

El rompecabezas terminó de armarse alrededor de las 15 del último miércoles. Sucede que, con los datos aportados por los testigos, los policías lograron identificar al joven apuntado como delincuente por la familia, es decir, el “secuestrado”. Se trata de “Negro”, conocido por sus andanzas en el mundillo de lo ilícito. Fue por ello que los investigadores montaron una vigilancia en cubierta frente a su vivienda que finalmente acabó con su intercepción para que brindara testimonio y denunciara lo sucedido.

Así fue como el joven contó su versión de lo ocurrido. Reveló que fue interceptado por los “justicieros” a punta de pistola y amenazas de muerte. Dijo que le exigían la aparición de un televisor que había robado y que, para lograr escapar, ingenió un ardid: les dijo que recuperaría el aparato si lo llevaban al barrio Libertad.

A mitad de camino, el presunto delincuente logró salirse con las suyas y escapó de la Kangoo. Confirmó luego que sus “secuestradores” estaban dispuestos a todo, ya que mientras huía a la carrera, abrieron fuego sin acertarle. El joven fue trasladado por precaución al Hospital SAMIC, donde los médicos constataron que sufrió escoriaciones en tórax, espalda y antebrazos, lesiones leves que le demandarán siete días de curaciones.

Tras la revisión, radicó una denuncia ante la Policía.El camino del armaLos policías secuestraron una pistola Ballester-Rigaud, calibre 45 milímetros, que la mujer ocultaba en la cartera. Al decir de las fuentes, la misma posee una inscripción con la leyenda “Gendarmería Nacional”, acompañada por el escudo argentino.

Los investigadores trataban de determinar anoche “la ruta o el camino del arma”, es decir, de dónde proviene. Las primeras informaciones apuntarían a que era propiedad de un gendarme retirado.

En tanto, los policías también buscaban una segunda pistola, ya que “Negro” aseguró que también los vecinos de la familia detenida portaba un arma de fuego con el que lo encañonaron.

Tags: Justicia por mano propiaJusticierosPuerto IguazúViolencia
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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