Pasan los gobiernos, las gestiones, los vaivenes ideológicos y hasta las crisis económicas, pero siempre, siempre queda el Grupo Z.
Lamentablemente, esta paráfrasis de un conocido número musical de Enrique Pinti no forma parte de un vodevil, sino que constituye la realidad más descarnada que viven los miles y miles de usuarios del transporte de pasajeros en Posadas, Garupá y Candelaria, sin que autoridad alguna -nacional, provincial o municipal- haya podido desde su ámbito poner el cascabel al gato.
Prueba de ello son los más de 2.000 reclamos recolectados en apenas un mes por la Defensoría del Pueblo capitalina por el pésimo servicio que presta la empresa casi monopólica en la zona metropolitana. Y las quejas llegan, se reproducen y multiplican de Norte a Sur y Este a Oeste de su área de cobertura: barrios a los que no entran los colectivos, argumentando las más burdas excusas; falta de resguardos en las paradas, que obligan a los pasajeros a esperar a la intemperie, llueva, truene o el sol raje la tierra; escasez de frecuencias por el predominio de criterios económicos por sobre las necesidades de la gente; unidades en mal estado; destratos y falta de preparación por parte de los choferes… Y la lista sigue y crece.
Boletazo tras boletazo se promete -como justificación para poder aprobar esas subas- determinadas mejoras en la prestación, a pesar de que, en las audiencias públicas previas, los responsables del Grupo Z se atreven a calificar su servicio como de excelencia. Luego, cuando el día a día va licuando el malestar generalizado por los aumentos aplicados en las tarifas, esas promesas caen en saco roto hasta que se acerca un nuevo boletazo que justificar.
¿Hasta cuándo continuará este círculo vicioso? Los diferentes responsables deben una respuesta a sus representados, los rehenes de un grupo empresario que no respeta ni a los que le dan de comer opíparamente (sus clientes), ni al Estado al que una y otra vez deja mal parado, ni a la concepción misma de servicio público.
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