El ex presidente, el ex ministro de Economía y otros diez ex funcionarios y empresarios comenzaron este miércoles a ser juzgados por la venta a precio vil del predio ganadero en Palermo en 1991.
El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py: en la primera audiencia, Cavallo fue autorizado a retirarse antes porque tenía un turno médico, tal cual argumentó, y lo propio hizo Menem al explicar que tenía trabajo en el Senado de la Nación.
El ex ministro de Economía, además, hizo un pedido para no presenciar las audiencias, aunque los jueces sólo lo autorizaron a no estar durante la declaración de testigos: es que el Código Procesal Penal obliga a los imputados a estar presentes durante la lectura de la acusación, las indagatorias, alegatos y veredictos.
A Menem, condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y a otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, lo acompañó su hija, Zulemita, en tanto que Cavallo asistió a la audiencia junto a su esposa, Sonia Abrazian.
También está en el banquillo el ex director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta; el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez; el ex jefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa; y el entonces jefe técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini, todos acusados por el delito de peculado.
La lista de acusados se completa con el ex jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff y el agrimensor Jorge Frost; el ex presidente de la SRA Ricardo Agustín de Zavalía y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.
El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli y fue elevado al Tribunal Oral en 2015: en la primera audiencia se procedió a la lectura del requerimiento de elevación del fiscal de primera instancia.
La acusación consiste en haber vendido un bien de dominio público sin una ley del Congreso y haberlo hecho por un precio que la justicia de primera instancia consideró “vil”.
Puntualmente, la sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 por ciento menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.
La venta del predio fue a partir de un decreto presidencial el 20 de diciembre de 1991: “Se perfeccionó la traslación de dominio por el Boleto de Compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la Sociedad Rural Argentina y por la escritura pública número 84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación celebrada en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1992”.
En su requerimiento, el fiscal Stornelli remarcó que el predio vendido era del dominio público, lo cual implica que se encontraba “absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo”.
Incluso, Stornelli sostuvo que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en “un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación”, y lograron de este modo “la sustracción del bien hacia manos de particulares”.
Fuente: NA
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