La Confederación Argentina de la Mediana Empresa considera central fortalecer al mercado de capitales argentino para fomentar la inversión y evitar la cartelización de los formadores de precios y las conductas anticompetitivas que perjudican a los consumidores. 
CAME trabajó intensamente en ambos proyectos junto al Ministerio de Producción de la Nación y con los distintos bloques parlamentarios. Entre los siguientes puntos de la ley de Financiamiento Productivo -impulsado por el Ejecutivo- la entidad destacó por su influencia directa para las pymes las siguientes medidas:
Se crearía la factura de crédito electrónica para MiPyMES: De esta forma, se podrían negociar en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en entidades financieras como si fueran cheques.
Impulso al financiamiento hipotecario y al ahorro mediante la creación de un mercado de deuda hipotecaria a través del cual las entidades que coloquen esos créditos podrán negociarlos en uno secundario (fideicomiso).
Modificaciones propuestas a la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales, que reintroducen aspectos de autorregulación y limitarían los de la fiscalización estatal.
Modificaciones propuestas a la Ley Nº 24.083 de Fondos Comunes de Inversión, que igualarán el tratamiento impositivo de los fondos cerrados con el de los abiertos.
Agentes de garantías para financiamientos sindicados que estructurarían las garantías reales cuando hay más de un acreedor.
Modificaciones propuestas a la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, que modernizarían el régimen y autorizarían emisiones en moneda extranjera.
Modificaciones propuestas a la Ley Nº 27.264 “Programa de Recuperación Productiva”, que promoverían el uso del pagaré como instrumento de financiamiento de mediano plazo para las pymes.
Cobertura de riesgo proveniente de operaciones crediticias que posibilitaría que los dadores de préstamos cubran su riesgo a través de un seguro. El objetivo es generar mayor confianza y propender a la expansión del crédito.
Impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, que establecerían beneficios impositivos para que los Fondos Comunes de Inversión sean un vehículo para la estructuración de esos proyectos.
Por otra parte, la ley de Defensa de la Competencia permitirá evitar la cartelización de los formadores de precios y las conductas anticompetitivas que perjudican a los consumidores.
En este sentido, cabe destacar que CAME genera todos los meses el Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (IPOD), con el objetivo de medir la brecha de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor en la góndola.
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