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Para los jueces, “la viuda planificó y facilitó el asesinato del colono”

2 mayo, 2018

El Tribunal Penal 1 dio a conocer los fundamentos de la perpetua a Claudia Da Costa y a Lovis Ferreyra. Los magistrados ratificaron que “ella robó el dinero que tenía su marido para pagarle al sicario”. Durante el juicio por el homicidio del colono Ángel Altísimo (44) se develó un entramado propio de una película policial, con elementos siniestros y oscuros.  


Tal como publicó PRIMERA EDICIÓN, el pasado 12 de abril, el Tribunal Penal 1 de Oberá halló culpables del crimen a la viuda de la víctima y a un exconvicto. Ambos, Rosa Claudia Pereyra Da Costa (44) y Lovis Ferreyra (36), fueron condenados a prisión perpetua. 

Ahora y tras conocerse los fundamentos, fueron revelados los argumentos del citado tribunal para dictar la dura sentencia. 

Uno de los más contundentes es quizás que quedó probado que “el dinero que la imputada utilizó para pagar a un sicario -el expresidiario- para que matara a su concubino, fue robado un tiempo antes del hecho  a la propia víctima”. 

Acerca de la sustracción de dicha suma, unos 14 mil reales, los jueces consideraron que “pudo haber sido un robo o hurto, pero en definitiva quien lo cometió fue la propia esposa”.
Desde ese increíble -pero no improbable- panorama, el tribunal fue despuntando la causa, siempre de acuerdo a las evidencias. Y lo que surgió fue pocas veces visto en la historia criminal misionera. 

Primer contacto con el sicario

“La acusada quería salir del hogar, separarse de su pareja, pero ello no era una cuestión fácil, ya que ellos eran de una religión en la cual no estaba bien visto que se separaran, por lo que demostraban ante la sociedad ser una pareja normal, sin ningún tipo de problemas, pero para dentro de la casa, la situación era muy diferente”, consideraron los jueces en base a los testimonios de dos de las hijas de la imputada.

“Todo esto llevó a que la mujer contactara con presos que estaban cumpliendo condena en la Unidad Penal II de Oberá. La propia imputada contó en su declaración indagatoria prestada en la sede del tribunal que efectuaba visitas a la cárcel para ver a su hermano que estaba detenido. Fue así que comenzó ese contacto con un reo, con quien comenzó una relación a través de mensajes y de llamadas telefónicas”, argumentaron los letrados.

“También tuvo comunicación con otros dos reos, uno de ellos, Lovis Ferreira, también internos de la citada penitenciaria y que usufructuaban salidas transitorias en Colonia Alicia y Colonia Aurora, es decir, en lugares cercanos a la zona donde se domiciliaba la imputada”, explicaron los jueces.

Preparativos para el crimen

En la resolución de 40 páginas, los magistrados consideraron que “a través de mensajes y llamadas, la imputada le contó a los detenidos la difícil situación que vivía con su marido, que quería deshacerse de él y que había una suma de dinero importante que sólo ella sabía dónde estaba guardada. De esa manera con quien se comunicaba más asiduamente envió a otro a buscar el dinero (los 14 mil  reales). En esa ocasión la mujer también le dio el arma. Siguieron las comunicaciones, hasta que el detenido con quien tenía más confianza le dijo a la acusada que se iba a llevar a cabo el crimen y que el trabajo lo iba a hacer Lovis Ferreyra. Entonces ella se comunicó en varias oportunidades con este último. Hay pruebas de las llamadas entre los coimputados”, establecieron.

A sangre fría

Para los jueces, el sábado 22 de junio de 2013 en la vivienda del Paraje Campín Largo de El Soberbio, entre las 20 y las 21, “fue la fecha en que los implicados convinieron en que se iba a llevar a cabo el hecho”. 

“En los minutos previos, Altísimo se hallaba con su esposa mirando televisión, con dos hijos menores. Tenían un perro grande que cuidaba el ingreso al predio, que no dejaba ingresar a nadie a la casa sin por lo menos alertar con sus ladridos. Luego de cenar la mujer se levantó porque iba a lavar los platos. No fue a la cocina, se dirigió a un garaje tipo quincho, lugar donde también tenían un freezer. A ese lugar le sigue también su concubino para verificar si el freezer tenía carne. Cuando estaban los dos en ese lugar ella se fue y lo dejó solo, volvió al interior de la casa. Fue en ese momento en que el hombre de la casa recibió los cuatro impactos, disparados desde un arma de fuego, efectuados a pocos metros desde una ventana que estaba abierta, pese a ser invierno, lo que facilitó la comisión del hecho”, explicaron los jueces. “No es poca cosa recibir cuatro disparos calibre 38 en la zona toráxica y abdominal. Sin embargo y pese a estar desplomado, la mujer no lo asistió”, sostuvieron. 

“Es lógico deducir que la esposa planificó con el exconvicto la muerte de su marido, le facilitó a éste el ingreso al lugar para que no ladre el perro. Luego recibió el arma que le entregó el acusado”, indicaron los magistrados. 

Por qué le entregó el arma

“Lovis Ferreyra no podía salir de allí con un arma de fuego, debido a que cumplía una condena, estaba en salidas transitorias y no podía ser detectado con un arma de fuego. Ella tomó el revólver y lo dejó en la escena, continuando luego con el plan que habían elaborado. Dijo que su marido, en el estado en que se encontraba, agarró el arma y efectuó dos disparos hacia afuera. La realidad es que Altísimo nunca agarró el arma”, indicó el tribunal, que concluyó que “esto se contradice con sus dichos, que apenas escuchó lo disparos ella corrió y se encerró en la pieza con los chicos”. 

Por todo aquello es que los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y la subrogante Mónica González resolvieron condenar a los imputados a 35 años de prisión, que cumplen ahora en la Unidad Penal II de Oberá, en el caso de Ferreyra, y en la Alcaidía de Mujeres, en el caso de Da Costa.
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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