En una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada de la UCR por Chaco Aída Ayala pidió hoy a sus pares que “rechacen” por “ilegal y sin motivos” el pedido de desafuero en su contra, que se definirá en el próximo encuentro del cuerpo, por ahora sin fecha.
“Vengo a pedir que se analice (el pedido de desafuero) y el objetivo es que se rechace porque es ilegal y no hay motivos”, subrayó la legisladora, quien busca competir por la Gobernación en 2019.
Diputados oficialistas solicitaron más información y tiempo para estudiar el requerimiento, en tanto que la oposición lo consideró una maniobra “dilatoria” y acusó al oficialismo de tener una “doble vara” en el tratamiento del caso Ayala en relación al del ex ministro de Planificación Julio De Vido, desaforado el año pasado.
El presidente de la comisión, Pablo Tonelli (PRO), afirmó que el cuerpo volverá a reunirse “en pocos días” para emitir dictamen sobre el pedido de desafuero, aunque no dio certezas sobre la fecha.
La radical está acusada por los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita a partir de la contratación de una empresa de recolección de residuos ligada a su entorno con sobreprecios durante su gestión como intendenta de Resistencia.
La reunión de Asuntos Constitucionales comenzó con la exposición de Ayala, que reiteró que se había enterado “por los medios” de la denuncia en su contra y que luego se presentó espontáneamente a declarar porque quería “estar a derecho”.
“Mi único pecado fue haber ganado las elecciones de 2017”, advirtió la diputada, que concurrió a la reunión junto a su abogada Olga Mongelós.
Volvió a apuntar contra el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, y recalcó que su gestión sigue con la misma empresa de recolección de residuos por la que ella fue denunciada por supuestos sobreprecios.
“Se me acusa de ser jefa de una banda que se ha enriquecido con el dinero producido por sobreprecios en el alquiler de equipos y que ese dinero habría sido utilizado en forma personal y para campañas políticas. Yo quiero que se investigue bien porque el contrato sigue vigente con los mismos precios que 2015, porque el contrató en la actual gestión municipal tal como lo firmé yo”, expresó.
Y enfatizó: “Quiero decirles para su tranquilidad que todo eso es falso de toda falsedad. No soy rica ni lícita ni ilícitamente, eso se demuestra con la declaración jurada que traje para que la vean. No soy jefa de una banda de empresarios que está hace mucho prestando servicios al Estado y prueba ello es que hoy trabaja bajo la misma figura contractual para el actual intendente Capitanich y también con el gobierno provincial”.
Los diputados oficialistas Silvia Lospenato (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidieron más tiempo para poder analizar la información que envió la jueza de Chaco Zunilda Niremperger.
“Hay cuestiones que faltan. Nos enviaron una ampliación del requerimiento judicial y no el original. Hay hechos que se dan por probados y que no recibimos”, indicó Lospenato, al reclamar más información judicial.
Al respecto, la diputada Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria) cuestionó la “doble vara” con la que Cambiemos abordó los casos de De Vido y Ayala, y destacó que en la comisión sólo se “analiza la ley de fueros” y no el eventual delito que se investiga en la justicia.
“En una semana boleteamos a De Vido, un diputado opositor, y acá están pidiendo medidas para dilatar”, enfatizó Ferreyra y completó: “Fijemos un criterio único o que vuelva De Vido. O hay obstrucción de justicia de cualquier legislador o hay que analizar todo lo que se dijo acá”.
En tanto, la diputada del Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga, cercana a Capitanich, aseguró que la capital chaqueña sigue con la misma empresa de recolección de residuos tras haber declarado la “emergencia económica” y “renegociar el contrato” de servicios.
Según dijo, al asumir en Resistencia Capitanich se encontró con “un municipio endeudado, sin un peso en la caja”, lo que llevó a “renegociar el contrato con una quita de la deuda del 63 por ciento”.
La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria recordó que en la causa aparece un ex yerno de Ayala y también “empleados municipales” y destacó que la Justicia asegura que el dinero podría haber sido destinado “a la campaña política” de la dirigente radical.
“Es un acto dilatorio, tenemos que tener la misma vara”, se quejó Soria sobre los pedidos oficialistas de tiempo para analizar la cuestión.
Al cerrar el encuentro, tras casi tres horas, Tonelli dijo que en la próxima reunión, que podría ser en 15 días pero no tiene fecha confirmada, se procederá a emitir “un dictamen que acepte o rechace” el desafuero, que en todo caso deberá tratarse luego en el recinto.
Fuente: Noticias Argentinas
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