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Nueva pulseada por las tarifas

1 mayo, 2018

En la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se debatirá el dictamen de un proyecto de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas por variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50%.

Este nuevo capítulo de la pelea que mantienen el oficialismo y los bloques peronistas se realizará tras la sesión especial del miércoles pasado, donde la coalición Cambiemos logró trabar la discusión sobre tablas de un conjunto de iniciativas porque la oposición no consiguió los dos tercios, pero debió ceder a debatir en Presupuesto esta propuesta con despacho favorable de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor.

De todos modos, el oficialismo ya reafirmó que no modificará el cuadro tarifario y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó las iniciativas legislativas que buscan anular los aumentos de tarifas de los servicios públicos al señalar que en el Gobierno no están “abiertos a ceder a la demagogia”, pero aclaró que “es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético”.

El ministro coordinador resaltó: “Hay que debatir y defender las propuestas” sobre la política tarifaria. “Daremos la discusión y vamos a defender la racionalidad”. La comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá a partir de las 14, y deberá expedirse sobre el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor al proyecto opositor.

Hasta ahora, y si se mantiene unida la oposición, el interbloque Cambiemos no podrá frenar el intento opositor de emitir dictamen y aprobarlo en una sesión especial que se haría el 9 de mayo para girarlo al Senado que, en caso de hacerlo ley, se encontraría con el veto del Ejecutivo, como lo adelantaron fuentes de Cambiemos a Télam.

Desde el oficialismo afirman que “no tienen margen para evitar que salga el despacho de la comisión y se apruebe en el recinto porque no podemos seguir teniendo la Cámara paralizada y sin poder sacar leyes claves para el Gobierno, como la reforma del mercado de capitales”.

La evaluación que hace el coalición gubernamental es que “la única alternativa que hay es tratar en el recinto de sesiones en una sesión especial el tema de tarifas y mercado de capitales para poder retomar la agenda parlamentaria de Cambiemos, que sólo se podrá hacer cuando haya culminado el debate sobre los aumentos de los servicios públicos”.

El oficialismo no puede realizar sesiones ordinarias porque debe incluir el dictamen del decreto sobre modernización del Estado, por lo cual aguarda que el Senado convierta en ley los tres proyectos en que se dividió esa resolución, con lo cual ya no tendrá sentido para la oposición avanzar en la derogación del mega DNU porque estará anulado de hecho.

Por ese motivo, y ante la presunción de que los bloques peronistas iban a querer avanzar con este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció la postergación hasta el 9 de mayo, donde ya no se hará una sesión ordinaria sino una especial con temas definidos.

El proyecto establece que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del Indec o que los salarios, y también que se reduce el IVA de las facturas, de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes. 

Cambiemos repetirá los argumentos esgrimidos por el titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, de que la oposición tendrá que “decir si se aumentan los impuestos o el endeudamiento” para cubrir el costo de los proyectos impulsados por los bloques opositores.

Fuente: Agencia de Noticias Télam
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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