La judicialidad del sistema de riesgos del trabajo experimentó en los últimos 10 años un crecimiento geométrico que lo puso al borde del colapso. 
Para revertir esa delicada situación, hizo falta poner en marcha un plan integral que les devolviera a los trabajadores y a los empleadores la confianza en un sistema sustentable en el tiempo, capaz de crecer y ayudar a generar empleo genuino, seguro y saludable.
En un sexenio (2010-2016) el sistema pasó de tener 53.000 demandas por accidentes laborales a 120 mil, generando en pocos años un stock de 420 mil juicios sin resolver, lo que representa un pasivo contingente de 5.200 millones de dólares.
Terminar con esta sangría, que amenazaba con dejar a los trabajadores sin ningún tipo de cobertura, significaba tomar medidas de fondo.
Requería del consenso, del diálogo y la responsabilidad política de todos los actores del mundo laboral y, además, aplicar un programa de acción que, gradualmente, ayudara a recomponer la fe en el sistema de riesgos del trabajo. De esa voluntad, surgió la ley 27.348 un instrumento jurídico que tiene el enorme desafío de ordenar el sistema. Está basada en tres aspectos.
El primer cambio es que introduce la obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas como instancia previa y excluyente antes de cualquier acción judicial.
La norma demostró que las comisiones médicas son infinitamente más beneficiosas para los trabajadores, en un promedio de 25 días.
Nueve de cada diez casos que pasan por las comisiones médicas terminan en un acuerdo, mientras que un juicio laboral demora de cuatro a seis años en resolverse.
Otra decisión determinante fue la descentralización de las comisiones médicas.
Esta práctica permite resolver las demandas en el mismo lugar donde trabaja o vive un trabajador que se accidenta. Y, por supuesto, es determinante la adhesión a la ley por parte de los gobiernos provinciales para desalentar la industria del juicio.
Durante 2017, diez provincias adhirieron a los cambios que propuso la ley 27.348. Entre ellas se encuentran cuatro de las cinco provincias que concentran más del 85% de las demandas del país. Muchas más se sumarán cuando las cámaras legislativas retomen sus agendas de trabajo este año.
Ahora llegó el tiempo de hablar de lo importante, es decir, de la prevención, que es el corazón del sistema.
Hace pocos días y después de nueve meses de trabajo, el Comité Consultivo Permanente -formado por representantes de los trabajadores, empresarios, gobierno, de las ART y la OIT- cerró la etapa de redacción del anteproyecto de ley de prevención.
Fue el resultado del diálogo y del consenso de todos los actores del sistema.
Con el afianzamiento en el tiempo de la ley de riesgos del trabajo y la aprobación por primera vez de una normativa sobre prevención laboral, una deuda legislativa que ya tiene 35 años, el sistema de riesgos del trabajo comenzará a transitar un camino gradual de estabilidad y sustentabilidad que le dará certidumbre para que el trabajador sepa que si sufre un accidente va a ser atendido, tratado, rehabilitado y reincorporado a su trabajo.
Y que el empleador no tema que un juicio laboral, que no beneficia a su trabajador lastimado, acabe con sus sueños de emprender, crecer, y dar trabajo.
Por Gustavo Morón
Superintendente de Riesgos del Trabajo
Publicado en La Nación
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