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Piden tratamiento urgente del proyecto de Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia

21 marzo, 2018

Fue presentado en la Legislatura provincial por el Departamento de Género de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Misiones).

La iniciativa, tomada recientemente por el Parlamento de la Mujer, consta de doce artículos que buscan generar el marco normativo necesario para amparar, resguardar y contener debida y suficientemente a las trabajadoras que “tengan relación de dependencia o presten servicio en los tres poderes del Estado Provincial, organismos descentralizados, autárquicos, de la Constitución, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal y sociedades estatales”.

“Este proyecto viene a proponer una herramienta concreta de protección a las mujeres trabajadoras, en el seno del empleo público, ya que histórica y actualmente esta es una problemática totalmente invisibilizada, y que expone a las trabajadoras a tener que generar todo tipo de estrategias cuando son víctimas de violencia, camuflando justamente la situación para acceder a una licencia” reflejó Nora Dedieu, una de las autoras del proyecto y directora del Instituto de Investigación de las Trabajadoras/es que funciona en el seno de la ATE provincial.

“Hoy las mujeres trabajadoras estatales tienen que mendigar un certificado médico cuando son víctimas de algunos de los múltiples tipos de violencia. Este anteproyecto es también una herramienta de concientización”, añadió en la misma línea Alicia Charón, otra responsable del proyecto y asesora jurídica del gremio.

En su artículo 3, el proyecto determina que la licencia en cuestión será “de carácter especial” y se otorgará por el “plazo que fuere necesario para la reinserción laboral de la trabajadora que fuere víctima de violencia”. 

El mismo artículo señala que a la trabajadora que padeciera violencia, se le conceda de manera preventiva el beneficio de 30 días corridos de licencia, conforme certificado médico.

“Finalizado ese período, el mismo podrá extenderse conforme a la evaluación y definición que realizare la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias de la Provincia de Misiones o del organismo equivalente en los otros poderes del Estado Provincial, descentralizados, autárquicos, etc”.

El artículo 4 aclara que la implementación de la licencia será con “goce íntegro de haberes” y que “no se requerirá un mínimo de antigüedad en el cargo”. Así mismo se establece que el término de goce de la Licencia “será computado a los fines previsionales y para la antigüedad del empleo”.

También se enuncia – en el artículo 5- que “ninguna trabajadora podrá ser despedida o sancionada, ni podrán modificarse sus condiciones de trabajo por haber padecido violencia y haber usufructuado la licencia por violencia”. 

El artículo séptimo prevé que ante la petición del uso de licencia por violencia por parte de una trabajadora, quien fuere el titular o responsable de la dependencia donde se desempeñare la trabajadora, “deberá preservar el derecho a la intimidad de la misma”. 

Otra de las responsabilidades del empleador, plasmadas en el proyecto de ley, establece que el mismo “deberá adoptar medidas y acciones a los fines del acompañamiento, seguimiento y abordaje integral de la situación de violencia por la cual transita la víctima, debiendo intervenir los servicios competentes”.

Para María Mascareño, responsable del Departamento de Género de ATE Misiones, se trata de un proyecto que “surge de una necesidad apremiante ante un flagelo social y cultural que impacta en la realidad de muchísimas compañeras trabajadoras del Estado” y que por tanto, “debe tener un tratamiento urgente”.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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