El oficialismo presentó un proyecto para que los gremialistas puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma integral del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este año.
Para el delito de cohecho, la iniciativa establece tres a 10 años de prisión -actualmente va de uno a seis años- e incorpora a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, las penas de prisión de dos a seis años pasan a cuatro a 10 años y una multa del 50 por ciento al 50 por ciento del valor del enriquecimiento. Podrá ser penado quien al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo como director, administrador de asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales, reza el texto del proyecto para modificar el artículo 268 (2) del Código Penal.
Por otra parte, se pretende modificar la Ley 23.551 -de Asociaciones Sindicales- con el fin de que quien pretenda integrar los órganos directivos de los gremios deberá presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción, y otra actualizada a la hora de dejar el cargo.
La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero, indica la iniciativa, a la que tuvo acceso parlamentario.com. En tanto, quienes incumplan con este requisito serán sancionados con el artículo 268 (3) del Código Penal.
Además, las declaraciones juradas deberán ser publicadas en la página web del organismo para que los afiliados y cualquier ciudadano las puedan consultar.
El diputado Petri sostuvo que el norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente.
El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción, afirmó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.
Entre los firmantes del proyecto está la diputada Graciela Ocaña, quien días atrás recibió amenazas de muerte, luego de presentar nuevas pruebas en los tribunales de Morón, en el marco de una causa que complica al líder de Camioneros por presunto lavado de dinero.
Fuente: Parlamentario
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