Estaría incluido en el proyecto de Ley que el Ejecutivo enviará al Congreso para la reforma del Código Penal.
De pasar el filtro de la comisión asesora que estudia la reforma del Código Penal, el proyecto de ley que será enviado al Congreso por el presidente Mauricio Macri incluirá este endurecimiento del castigo a quienes avancen contra el monte nativo, como viene ocurriendo también en Misiones.
En la propuesta revelada por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación al portal Infobae, se incluiría además que el delito no sea excarcelable y que, con cierto agravantes, la pena podría llegar a los cinco años de prisión.
A nivel nacional, en 2015, la Justicia de la provincia de Salta condenó a un empresario a seis meses de prisión por el delito de desmonte ilegal, sentando un precedente en el país. Incluso, se le reclama una indemnización que supera los 171 millones de pesos.
El antecedente más cercano que se conoció en Misiones, fue una tala rasa en un terreno privado sobre el Corredor Verde de la ruta provincial 18 y lindante con el Parque Urugua-í, en dirección a Dos Hermanas en el Norte provincial.
Aunque el desmonte se habría producido a inicios de 2017 trascendió cuando los vecinos lo denunciaron a PRIMERA EDICIÓN en mayo del año pasado.
Desde entonces, se desconoce qué pasó con las actuaciones oficiales del Ministerio de Ecología, entonces dirigido por la ahora diputada nacional Verónica Derna.
Mientras los vecinos aseguraron que se desmontaron más de 400 hectáreas, el Gobierno tiempo después mencionó que se trataría de menos de 100 hectáreas las afectadas y que no hubo permisos oficiales por parte de Ecología para llevar adelante la tala.
Números que preocupan
La ONG ambientalista Greenpeace publicó recientemente las cifras del relevamiento realizado en todo el país. La superficie desmontada durante 2017 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 128.217 hectáreas. Casi la mitad la deforestación se produjo en bosques protegidos por la normativa (clasificados en las Categorías I Rojo y II Amarillo), alcanzando las 59.541 hectáreas, indicó la conclusión.
Según las cifras que se conocieron esta semana, de las 42.827 hectáreas que se perdieron en Santiago, 28.987 eran bosques protegidos; mientras que en Chaco, 26.020 de las 41.734 hectáreas que se arrasaron estaban en zonas catalogadas como rojas o amarillas.
Su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad, indicó Greenpeace.
En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos, afirmó Moreno a Infobae.
Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la Comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión, agregó Moreno.
Antecedente
En Tartagal, provincia de Salta, un hombre fue condenado a seis meses de prisión por desmontar un predio sin permiso oficial. La condena fue considerada inédita, pues se trató de la primera en dictarse en el país por desmontes ilegales, figura que aún no se encuentra prevista en la Código Penal Argentino, pero sí en la mayoría de los códigos Latinoamericanos y en la Comunidad Europea. Por esta razón, el fiscal optó por este delito, como alternativa subsidiaria.
El fiscal penal 2, de la ciudad de Tartagal, Pablo Cabot, logró en 2015 la condena de Juan José Karlen, quien había llegado a debate junto a su hijo, Daniel Darío y al encargado de la finca, Miguel Ángel González. Además de la pena más dura sobre el padre, todos fueron también condenados por el delito de desobediencia judicial a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos lotes sobre la ruta 81, a unos 60 kilómetros de Embarcación, en el departamento San Martín.
La causa ahora se encuentra en instancia de definición respecto a la indemnización que se le reclama al condenado: el pago de 171.413.473 pesos. Además, se exige clausurar el predio por veinte años hasta que se recupere el monte nativo. La fiscal argumentó que la devastación de flora y fauna obligó a la migración de criollos y comunidades originarias.
El viejo reclamo por las áreas protegidas
A fines de enero pasado, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre y Greenpeace le enviaron una carta a Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, expresando su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos Nº 26.331
La sanción de dicha norma fue un triunfo de la gente?, junto a organizaciones no gubernamentales en todo el país, hace exactamente una década. Su articulado representa el compromiso de preservación de aquellos ecosistemas valiosos por motivos diversos y convergentes: como espacio de vida de comunidades rurales y originarias, conservación de flora y fauna, preservación de bienes y servicios esenciales para la vida, la salud y la seguridad de la población argentina y, sobre todo, un aporte mandatorio para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de cambio climático?, afirmaron en la misiva remitida a la Casa Rosada.
A pesar de tratarse de una Ley Nacional vigente, férreamente arraigada en la consciencia colectiva de los argentinos como una norma que ha permitido frenar la tragedia de la deforestación incontrolada, siguen existiendo violaciones a sus preceptos (actos de deforestación ilegal de particulares en zonas prohibidas) e intentos permanentes de desnaturalizar su contenido (por parte de las instituciones encargadas de hacerla cumplir). Hasta el momento, no existe una condena penal como consecuencia de su incumplimiento, aseguraron las ONG ambientalistas en la carta a Peña.
Las organizaciones expresaron que, a pesar de tratarse una ley nacional vigente, uno de los mecanismos para incumplirla es la recategorización de zonas: modificar su categoría (verde, amarilla, o roja) y permitir desmontes de manera ilegal.
Por esta razón, las ONGs pidieron la urgente intervención del Gobierno nacional para dar un claro mensaje del imperio de la ley, sobre la arbitrariedad pública y privada. Además, solicitaron que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no apruebe ningún pedido de recategorización que signifique pérdida de superficie boscosa, y el establecimiento de un Registro Nacional de infractores.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques, se sancionó en 2007 y fue la primera ley ambiental en el país en proteger ecosistemas y fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones.
Fue el resultado de un trabajo conjunto de organizaciones y agrupaciones sumadas a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar.
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