El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018, firmado por el presidente Mauricio Macri bajo el título de desburocratización y simplificación del Estado, fue girado al Congreso. El documento, de más de 150 fojas, ingresó por el Senado.
Ahora, el decreto deberá ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuyos representantes de ambas cámaras ya fueron designados, y resta que se constituya. En dicho cuerpo, Cambiemos contará con ocho de los 16 integrantes y podrá desempatar a su favor con el voto del presidente -que será alguien del oficialismo- para alzarse con el dictamen de mayoría y blindar la polémica norma, al menos en la comisión.
Luego de su publicación en el Boletín Oficial, el pasado 11 de enero, el DNU despertó el rechazo generalizado de la oposición, que presiona con unirse para anularlo dentro del recinto. Desde el kirchnerismo fueron varios los diputados que levantaron la voz en contra de la medida presidencial, e incluso Julio De Vido, preso en Marcos Paz, pidió un acuerdo para voltearlo.
Por el Frente Renovador, legisladores optaron por la vía judicial al presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto. En el escrito, al que tuvo acceso parlamentario.com, no sólo argumentaron la inexistencia de la necesidad y urgencia, sino que además alertaron por el abordaje de materias prohibidas o vedadas en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
En este sentido, los diputados massistas señalaron que el DNU regula en materia penal cuando modifica normas que atañen la Unidad de Información Financiera (UFI) y a la denominada Ley Antilavado; y lo hace en materia tributaria en la modificación del artículo 147 de la Ley de Contratos de Trabajo, en el caso de que el embargo previsto en la norma proviniese de autoridad o Ente Público, ocasión en que redundaría en perjuicio fiscal del trabajador.
Además, el interbloque Argentina Federal, convertido en el principal espacio opositor con el que negocia Cambiemos, sumó sus alertas por el DNU. Desde el peronismo dialoguista, el diputado Pablo Kosiner cuestionó la amplitud de temas que contiene el decreto y deslizó que hay cuestiones que ponen en riesgo su constitucionalidad. Mientras que el senador Miguel Pichetto, hombre fuerte de la Cámara alta y determinante para saber qué suerte correrá la norma, lo calificó de abusivo y dijo que fue un poco mucho.
Fuente: Parlamentario
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