Mientras que la exdiputada Margarita Stolbizer (GEN) pedirá a la Justicia que lo declare “inconstitucional”, los legisladores K reclamarán la derogación del DNU firmado por Macri para desregular una serie de áreas del Estado.
La exdiputada Margarita Stolbizer (GEN) pedirá a la Justicia que declare “inconstitucional” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri con el objetivo de “desburocratizar” el Estado, por considerar que “afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes”.
“Vamos a solicitar a la Justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni de urgencia, que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, explicó a Télam la abogada Silvia Martínez, patrocinante de Stolbizer.
La demanda será presentada por la titular del GEN el mes próximo -cuando finalice la feria judicial- contra el DNU 27/2018, con el que el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones para “desburocratizar” y “simplificar” el Estado.
El amplio alcance del DNU abarca desde normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, embargos directos sobre cuentas-sueldo, leyes fitosanitarias, venta de activos estatales y hasta la regulación de cuatriciclos.
Stolbizer, titular de la ONG Bajo La Lupa, y la abogada Martínez argumentaron que el decreto “es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza”.
“Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos, modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso Nacional”, fundamentó Stolbizer.
La exlegisladora insistió con que el Poder Ejecutivo, mediante el DNU, “asumió facultades legislativas que le están vedadas”, alteró las “reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”.
Stolbizer apoyará su demanda en el artículo 99 -inciso 3- de la Constitucion Nacional, que señala que el Ejecutivo nacional “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”, a menos que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”.
Derogación
Los legisladores del kirchnerismo reclamarán la derogación del DNU “ómnibus” que firmó el presidente Mauricio Macri para desregular una serie de áreas del Estado y advirtieron que si el oficialismo no pone en marcha la Comisión Bicameral que debe tratarlo, buscarán que pase a votarse directamente en el recinto.
El jefe del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, calificó como “terrible” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado el jueves en el Boletín Oficial porque “deroga y modifica más de 140 leyes” y “es una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino”.
“Una vez que comiencen las sesiones ordinarias vamos a pedir que se trate en el pleno para tratar de derogarlo”, adelantó Rossi en declaraciones a FM La Patriada, al tiempo que advirtió que el decreto “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.
Al respecto, cuestionó la potestad que le confiere a las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y el cambio en las inversiones que puede realizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que podrá direccionar fondos al mercado financiero.
Los DNU deben ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a pesar de ser la única que puede funcionar todo el año independientemente de que se convoque o no a sesiones extraordinarias, todavía no está constituida.
La Cámara de Diputados ya designó a sus ocho representantes en ese cuerpo pero el Senado todavía no hizo lo propio, pese a que tiene un plazo de diez días hábiles para analizar y emitir dictamen sobre el decreto.
Por esa razón, el diputado del FPV Marcos Cleri -que presidió la Bicameral hasta el 10 de diciembre pasado- señaló a NA que “si no se conforma la comisión, el DNU debe pasar al pleno de la Cámara para ser votado”.
“Nosotros pedimos el 10 de diciembre que se constituya la comisión. Evidentemente el oficialismo no quiso porque estaban esperando este decreto y quieren pasar enero y febrero sin problemas”, evaluó el referente de La Cámpora.
El trámite parlamentario para los DNU dicta que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar un dictamen al pleno de cada Cámara: para que un decreto deje de tener validez debe ser rechazado por las dos Cámaras y la aprobación de solo una de ellas permite que siga vigente.
Desde la sanción de la ley que regula los DNU en 2006, nunca un decreto fue rechazado por el Congreso y rara vez un dictamen de la Bicameral llegó a ser votado por las dos Cámaras.
Dada la nueva composición del Congreso, el kirchnerismo tiene más posibilidades de pulsear por la derogación del decreto “ómnibus” si la votación pasa directamente al recinto que si se constituye la comisión.
Ocurre que Cambiemos se encamina a blindar la Bicameral con una mayoría propia y el kirchnerismo quedaría allí con muy pocos votos, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos años.
La mayoría opositora de esa comisión durante 2016 y 2017 le valió al oficialismo una seguidilla de rechazos de nulo valor formal (porque casi ningún dictamen llegó al recinto y nunca las dos Cámaras rechazaron un DNU) pero de significancia política.
Ahora, Cambiemos está cerca de contar con 8 de los 16 legisladores que integran la comisión lo que le permitiría reclamar también la presidencia del cuerpo que, en caso de empate, tiene voto doble.
En ese esquema, el justicialismo negociador que se referencia en el senador Miguel Pichetto y el diputado Diego Bossio podría contar con 4 lugares y el kirchnerismo apenas con 3, en tanto que el lugar restante será para un peronista independiente del Senado.
Fuente: Agencias de Noticias NA y Télam
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