Cambian los precios, la calidad del servicio y los ánimos de los usuarios. Se modifican las formas, los montos y los parámetros. Lo que extrañamente no cambia con el paso de los años y aún cuando hay demasiada evidencia sobre el hecho, son los subsidios.
Pasó en la provincia al cierre del año pasado y pasa desde ahora en Buenos Aires y Capital Federal. La tarifa de los colectivos de corta distancia en el área metropolitana de Buenos Aires subirá de 6 pesos a 8 pesos y la de los trenes saltará de 4 pesos a 5,50 pesos a partir del 1 de febrero, aunque habrá dos aumentos más en abril y junio. Los anuncios fueron hechos ayer por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
El boleto del subte porteño, en tanto, escalará de 7,50 pesos a 11 pesos en abril y se irá hasta los 12,50 pesos en junio.
Expuesto de esta manera se habilitan todo tipo de comparaciones para establecer paralelismo entre los costos y contextos del transporte público entre Buenos Aires, Capital y los de acá.
Pero más allá de poder decir que allá es más barato y de a ratos mejor, o que el costo siempre lo paga el usuario, indigna que los gobiernos sigan depositando grandes cuotas de nuestros aportes en estas empresas que denuncian año a año enormes pérdidas, pero que sin embargo siguen usufructuando.
A estas alturas todos tienen muy claro que el negocio es rentable y que las ganancias se maximizan cuando se benefician con jugosos subsidios del Estado que, en el caso del transporte público llegan a ser del 62%, según lo expuesto ayer por el propio ministro Dietrich.
El Gobierno seguirá acompañando: los subsidios al interior están aumentando este año, señaló el funcionario a sabiendas de que apenas días atrás el Grupo Z ya había sellado en su favor otro golpe al bolsillo de los misioneros.
Por eso indigna que cambien los precios, pero indigna mucho más que los beneficios para el grupo sigan intactos.
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