Roberto Rodríguez aseguró ayer que fue mal asesorado y que su actividad comercial no está ligada al narcotráfico. Está acusado de lavado de activos junto a seis personas más.
El santafesino Roberto Rodríguez, expropietario de una agencia de automóviles de alta gama en Posadas, rompió el silencio este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, que lo juzga por el delito de lavado de activos presuntamente generados con dinero de actividades ligadas al narcotráfico.
El exdueño de RRVip y sus siete supuestos cómplices están relacionados a, por lo menos, cuatro firmas o emprendimientos comerciales radicados en Misiones que habrían servido para licuar bienes obtenidos tras envíos de miles de kilogramos.
Sobre estas acusaciones, Rodríguez decidió declarar, además de los procedimientos realizados en la etapa de instrucción que desarrolló el juez federal Carlos Soto Dávila.
Advirtió que la investigación había sido iniciada por una investigación de tráfico de drogas pero debido a que se realizaron 60 allanamientos sin que pudiesen hallar estupefacientes, se abrió un expediente por otro delito. Respecto a esto advirtió, antes de declarar, que agrandaron la causa porque no encontraron nada. Aseguró que lo habían privado de la libertad por una supuesta causa de drogas, y que en esa condición se anotició que se realizaron los allanamientos. Me enteré por los diarios que habían sacado los autos, dijo.
Ayer ante los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, y al representante del Ministerio Fiscal a Carlos Adolfo Schaefer, sostuvo que al adquirir un rodado ponía a nombre de terceros y luego, el formulario del Certificado de Transferencia de Automotores, lo gestionaba personalmente con la clave de la AFIP.
Aseguró que actuó de buena fe y que fue mal asesorado por mi contador y una gestora.
En relación a un vehículo que generó una causa judicial en la que están investigados un secretario judicial, el juez federal Soto Dávila, empleados judiciales y abogados, reveló que uno de los involucrados le había requerido una coima para mejorar su situación procesal.
Declaró que el dueño del Mercedes Benz (que se habría intentado vender estando bajo secuestro) entregó el auto a cambio de una camioneta. Lo conozco porque era quien compró el vehículo y cambió por la camioneta.
Cuando fue preguntado respecto a cómo conoce a un abogado acusado en maniobras de entrega de autos, respondió: Lo conozco porque fue a verme cuando estaba en Candelaria, cuando yo había pedido la prisión domiciliaria porque jugando al fútbol me rompí una pierna. Él fue y me dijo que me podía apurar y solucionar el tema de la excarcelación.
Rodríguez buscó desestimar que se produjeran maniobras tendientes a recuperar sus bienes por medio de funcionarios judiciales.
Esta cuestión fue objeto de una presentación conjunta de los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini para investigar al titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Vicente Soto Dávila a dos de sus empleados directos y a tres abogados del fuero a fin de determinar si incurrieron en los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.
La sospecha es que en forma organizada realizaron maniobras de simulación o ardides para recuperar un Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez y su concesionaria de suntuosos vehículos ubicados sobre la avenida Quaranta casi Jauretche de Posadas.
RRVip habría sido utilizada para blanquear el dinero ilícito.
Maniobras
Rodríguez está sospechado de haber montado empresas para realizar operaciones financieras, compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona, según la elevación a juicio de la causa.
En la causa también está involucrado uno de sus socios, José Glibota. También su madre, Santa Elba Aquino y Griselda Sosa -pareja de Rodríguez-, Daniela Villalba ex pareja de Rodríguez-, María de los Ángeles Herrera y Rosa Ramos.
La causa comenzó el 26 de enero de 2012, un informe enviado por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales Corrientes de la Gendarmería Nacional puso en conocimiento la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, liderada por personas identificadas como Gabriel y Cacho, que ingresaba la droga desde Paraguay para su posterior transporte y comercialización en distintos puntos del país.
El avance de la causa permitió acreditar que Gabriel era Roberto Rodríguez, mientras que Cacho era el imputado José Glibota.
Al resto de los imputados todas personas del círculo íntimo de Rodríguez- se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama, que llegaban a millones de pesos, que no guardaban relación con los ingresos declarados y que eran puestos a nombres de testaferros.
Con una condena sobre la espalda
Roberto Rodríguez fue condenado hace poco más de tres meses, el 4 de septiembre, a siete años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, en Buenos Aires, junto otros seis integrantes de la organización, quienes recibieron penas de entre tres y quince años de condena, por tráfico de estupefacientes, según informó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN.
Entre estos condenados se encuentra un misionero, Luis Alberto Pascual (50), oriundo de Candelaria y camionero, quien fue sentenciado a seis años tras las rejas. Roberto Rodríguez fue hallado culpable como uno de los proveedores de la droga que se comercializaba en provincia de Buenos Aires y otros puntos del país,y recibía a cambio los automóviles que vendía en Posadas.
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