Di Lello presentó por primera vez un "requerimiento de justificación de bienes" ante el juez federal Ariel Lijo al entender que "existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública", según el dictamen al que accedió Télam."Se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas", advirtió la fiscalía en base a una pericia contable que duró dos años y se entregó a la Justicia el 10 de octubre pasado.El pedido de Di Lello deberá ser resuelto por Lijo, quien tiene a cargo la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente y otros 12 imputados como supuestos testaferros, entre ellos Kampfer, Núñez Carmona y sus hermanos Juan Bautista y Sebastián Boudou.El fiscal pidió al juez que requiera a Boudou, en principio, la justificación de tres inconsistencias detectadas: 80 mil dólares sin origen claro para los peritos, 120 mil dólares pagados por la compra de un departamento a Agustina Kampfer, cuando eran pareja, y el origen de los fondos con que su socio y supuesto testaferro Núñez Carmona compró bienes y constituyó sociedades."Los expertos se encontraron con lo que podríamos denominar registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término, como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas", agregó la fiscalía.En el caso del dinero, la pericia arrojó que Boudou debe dar respuestas sobre inconsistencias de dinero detectadas en once declaraciones patrimoniales, desde 2002 a 2012 y sobre una tenencia original de 80 mil dólares declarada en el 2002 que para los peritos "no tiene origen justificado".Sobre el departamento de su ex novia Kampfer, el fiscal remarcó que el peritaje concluyó que "no se encontró acreditado" un préstamo de 90 mil dólares a la periodista de un hermano de Boudou, Sebastián, para la adquisición de ese inmueble, en octubre de 2010."El préstamo que dice haber recibido, al no contar con respaldo documental, genera un presunción de inexistencia del mismo para justificar los bienes de ese período", se agregó en el dictamen.Y además la pericia "avanza sobre la inexistencia" de elementos para acreditar que ella haya tenido la diferencia de 30 mil dólares para el pago."El imputado Amado Boudou deberá justificar esta inconsistencia, teniendo en cuenta que a las fechas analizadas, la nombrada mantenía una relación amorosa con el nombrado, sospechándose su participación en la maniobra investigada", sostuvo Di Lello.En cuanto a Núñez Carmona, la fiscalía sostuvo que "se observa en el estudio de su patrimonio por parte de los peritos oficiales innumerables inconsistencias que, en función del carácter comprobado de consorte de causa del ex funcionario publico Amado Boudou, este último deberá justificar".El estudio estuvo a cargo de peritos contadores del cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y concluyó que "las prácticas contables de las sociedades investigadas no encuadran en las exigencias de dichas normas, induciendo a error respecto a su situación patrimonial real" de los imputados."Se verificaron asientos contables en los libros respectivos sin respaldo documental, asientos globales, tachaduras, sobre escritos, blancos, huecos, raspaduras, enmiendas, etc, reflejando así registraciones que no responden en forma verídica y clara a cada uno de los actos susceptibles de registración", agregó el fiscal en base a sus conclusiones.Los peritos advirtieron que "la herramienta de registración utilizada (estados contables y libros societarios), que debieran permitir el control de los negocios de los imputados, se convirtieron en el instrumento facilitador del ardid que colaboró con la confusión de sus propias cuentas patrimoniales".Bajo investigación está el patrimonio de Boudou y otros supuestos testaferros, además de personas jurídicas, como The Old Fund SA", compradora de Ciccone Calcográfica; "Action Media SA", "Beaver Cheek SA", "Habitat Natural SA", "Inversiones Inmobiliarias Aspen SA", "Rock Argentina SA", "Vail Investment SA", entre otras.Boudou es juzgado actualmente, junto a Núñez Carmona, por supuestos ilícitos cometidos en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica al fondo de inversion The Old Fund, y el lunes próximo será indagado por el juez Lijo en otra causa por irregularidades en los gastos de la llamada "caja chica" del Ministerio de Economía.Fuente: Agencia de Noticias Télam
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