Las confusiones y los conflictos entre municipios, empresas, vecinos y el Estado nacional han comenzado a evidenciarse luego de la puesta en funcionamiento del decreto presidencial 358/2017, que habilita -entre otras cosas- a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) a otorgar el certificado de vivienda familiar para que aquellos ciudadanos que no posean los servicios básicos -como el agua y la luz- puedan presentarse con eso ante los poderes municipales para exigir la instalación de dichos servicios.Sin embargo, funcionarios de gobiernos locales de la provincia consideran que el decreto establecido por el Ejecutivo nacional no contempla cuestiones de competencia entre los municipios, las empresas prestadoras de servicios y el derecho de propiedad privada: “El decreto del Presidente de la Nación toca un tema tan delicado y tan importante a la vez, pero no contempla competencias entre los diferentes estamentos del Estado y las empresas concesionarias del servicio público ni la cuestión del derecho civil. ¿Por qué? Porque nadie puede otorgar un derecho mayor que el que tiene sobre la cosa, eso significa que si la ANSeS le da un papel a una familia que le da derecho a pedir servicio de agua, pero ese terreno es privado, se estaría violentando el derecho a la propiedad del privado. Por más que haya realidades de gente que está muchos años en un terreno, sigue siendo privado desde el punto de vista legal. Por otro lado, también puede ser que sea municipal la propiedad, entonces, cómo el ANSeS le puede dar un papel y decir que el Municipio tiene que conectar si, por ejemplo en la ciudad de Oberá, la prestación de servicio de agua la tiene que dar la CELO, o sea, la cooperativa; y en Eldorado y en otros municipios pasa lo mismo”, explicó el abogado de Asuntos Jurídicos de la Comuna obereña, Mijael Julián.ExcusasEn contraposición a lo que manifestó Julián, la encargada del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), Dalila Rodríguez, aseguró que la Nación no se desentendió de la cuestión y exige a los municipios cumplir con el decreto, ejemplificando con lo ocurrido en Eldorado. Allí, ante el incumplimiento por parte de la Municipalidad, “elevamos un informe a la Nación y ésta lo que va a hacer es, además de enviar una nota al Municipio exigiendo que acate ese decreto, pedir que ahora que ya tienen conocimiento del decreto, comiencen de una vez por todas a bajar los servicios”, aseguró Rodríguez, quien manifestó que “antes teníamos al municipio por un lado y a la cooperativa del otro, hoy ambos se encuentran del mismo lado, ambos te ponen las mismas trabas y excusas para frenar la conexión de luz y agua”, finalizó.Problema de competenciaEl funcionario Mijael Julián también argumentó que entiende que “lo que no hizo el Ejecutivo nacional es poner en funcionamiento un mecanismo que, de última, obligue a las instituciones a trabajar en conjunto y ver de qué manera eso se puede llevar adelante, porque si está en un terreno de la Provincia, el ANSeS no te puede autorizar a que uno ocupe la reserva Mbotaí, por ejemplo, que está destinado en teoría para la conservación de árboles nativos, no para que viva la gente. Hay un problema de competencias, legal y técnicamente no pueden entregar un permiso en un lugar que no es de ellos”, aseguró Julián.“Pero por otro lado está muy bueno porque sirvió como una declaración de los principios e instaló el tema, haciendo saber a la sociedad que todos tenemos derechos a los servicios básicos”, matizó.Julián explicó que lo que en realidad se necesita es una inversión de 150 millones de pesos para extender las redes hídricas del municipio al que asesora, “pero para eso la Nación tiene que hacer la inversión, el Municipio no puede con ese presupuesto. El pedido para la nueva red troncal de servicio de agua en todas las zonas que faltan está en el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) en este momento y cuesta 150 millones de pesos. Entonces, si el Estado nacional tanto está preocupado por los derechos de acceso de agua potable, que financie la obra que expande la red de agua de Oberá, que hace más de 30 años que nunca se hizo nada y por eso hoy en el municipio no hay agua”, finalizó el funcionario.Certificado de vivienda familiar y especulación electoral Según explicó la encargada del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), Dalila Rodríguez, la entrega de los certificados de vivienda familiar por el ANSeS, en algunos municipios, se está haciendo correctamente. “En Eldorado, por ejemplo, entre un 60 y un 70% se hicieron los censos y la entrega de los certificados. Barrio Parque Schwelm y barrio Helena son los barrios más afectados y que están en condiciones de acceder a los servicios de luz y agua con los certificados de vivienda familiar en esta ciudad”, aseguró Rodríguez.Sin embargo la representante del RENABAP manifestó que en un principio hubo avances en la gestión de la instalación de los servicios en las viviendas censadas luego de “que se elevaron notas solicitando los servicios”, pero no tardó en destacar que si bien “hubo algunos avances como la colocación de postes, apertura de caminos y demás, fue más una movida política, porque hoy por hoy eso no está funcionando y no están instalando los servicios en esos barrios”.
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