Entre las actividades que se realizarán mañana en el Congreso Nacional, previendo el receso por los comicios del 22 de octubre, se encuentra el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Municipales en las que se emitiría dictamen sobre un proyecto que pone el acento en los efectos que tendrá el Estado la demanda entablada por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal contra el Estado Nacional por los límites impuestos a los recursos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. El proyecto fue presentado por el peronista salteño Rodolfo Urtubey y establece la obligación de Casa Rosada de detallar “los pasivos contingentes originados en los litigios judiciales en los que resulte demandado el Estado nacional, que por la relevancia de su monto impliquen un riesgo fiscal”. La iniciativa pone la lupa sobre “la actividad litigiosa en la que el Estado es parte demandada” en general, sin embargo el trasfondo político es claro al ponerse como ejemplo la acción iniciada el 4 de octubre de 2016 por la cual Vidal pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la ley que puso un tope a los recursos del fondo. La intención al pedirse que el Estado detalle los pasivos que surjan de este tipo de acciones y que pongan en riesgo la estabilidad fiscal, se inscribe en el debate generado por la decisión de Vidal de trasladar al ámbito judicial la definición de una decisión política tomada en su momento por las dos Cámaras del Congreso. La judicialización del reclamo contó con un paradójico apoyo de Mauricio Macri, que celebró la decisión de Vidal. La indebida toma de posición del Jefe de Estado lo pondría en una difícil situación como funcionario responsable de los intereses del Estado si, como sugiere el proyecto, el fallo de la Corte genera un riesgo fiscal. Sabido es, además, que el mayor peso del costo que tendría la eventual declaración de inconstitucionalidad, lo pagarían las provincias, entre ellas Misiones, que tendría problemas para pagar los sueldos. La judicialización de las decisiones políticas, censurable en general; en este caso puede producir un daño institucional de impredecibles consecuencias.
Discussion about this post