La transparencia con los recursos del Estado

La <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/255934/investigan-sospechosas-compras-a-proveedores-con-domicilios-fantasma.html">investigación de este Diario sobre el gasto de recursos nacionales que llegan al Ministerio de Educación de la provincia</a> y que terminaron en una empresa con sede en San Antonio y monotributistas que comparten un domicilio en Posadas donde solo hay un local vacío, abre nuevamente el necesario reclamo de transparencia en la gestión de los recursos públicos, producto de los aportes de los argentinos en impuestos.Como bien se menciona, los fondos nacionales son depositados en una cuenta del Sistema de Educación a Distancia de Misiones (SiPTeD) pero los utiliza la Subsecretaría de Educación en manos del titular de Adomis, la línea interna de Marilú Leverberg en UDPM, el abogado Christian Dechat.Entre las facturas que llegaron a esta redacción, los proveedores vendieron desde un cuadernillo a valor de 32 mil pesos en abril pasado; pelotas; insumos informáticos; proyectores; entre otros elementos que habrían llegado “a mejor precio y calidad” desde el extremo norte de la provincia, según el propio Dechat.Pero, en el grupo de facturas de los mismos proveedores que se filtraron desde ese organismo hacia un gremio docente, figuran tres a nombre de la UDPM por cuadernillos, carpetas, varios metros cuadrados de cerámicas para pisos y hasta la cuota de un auto de una persona vinculada al gremio docente oficialista. ¿Qué hacían esas facturas en Educación?Lamentablemente en nuestra provincia, ni los fiscales ni los jueces son capaces de abrir una investigación de oficio. No es la primera vez que este Diario da a conocer un domicilio “fantasma” dado por un proveedor del Estado y, sin embargo, no hubo desde el Poder Judicial una intención de llegar hasta las últimas consecuencias. Ni hablar del lento accionar del Tribunal de Cuentas que se parece más a un asesor del Ejecutivo que a un organismo de control, con rango constitucional.Al menos, se espera que el propio Estado arbitre los medios necesarios para que los fondos tengan el destino para el cual la Nación los envía. Y que los proveedores actúen conforme a la ley.&nbsp;