Un grupo de guaraníes está recorriendo las comunidades de la provincia, juntando firmas para enviar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y por su intermedio al Congreso Nacional, reclamando la prórroga de la norma sobre la Emergencia Territorial.Paralelamente, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó un Proyecto de Comunicación presentado por el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social en el que solicita a los legisladores nacionales por Misiones, que generen las gestiones necesarias para solicitar la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de Tierras de las Comunidades Originarias del País."Esperamos que en la sesión de la Cámara Alta del próximo 27 de septiembre se logre finalmente la prórroga de esta cuestión crucial para los pueblos originarios, y que si se van a agregar algunos aspectos a la Ley, de acuerdo a algunas propuestas, deseamos que los legisladores nacionales estén en consonancia con los derechos de estos pueblos, y además, que se consensúe con ellos. Por esta razón en este Proyecto proponemos que el Gobierno de la provincia se expida a través de sus legisladores en favor de votar afirmativamente la prórroga de la norma en cuestión”, expresó el diputado Sereno.El Senado de la Nación el 13 del corriente mes tuvo la oportunidad de acompañar las justas demandas de los pueblos originarios, y sus legítimos derechos respecto a la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena, que no sólo ordena efectuar los relevamientos de los territorios indígenas en Argentina (que apenas llegó al 40% del total), además también los desalojos hasta que no finalicen dichos relevamientos.La Ley 26.160 es un instrumento fundamental para las comunidades indígenas, frena los desalojos a comunidades indígenas que tradicionalmente habitan en sus territorios ancestrales y exige el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras; sin esta herramienta las comunidades quedan desamparadas ya que la norma pierde vigencia el 23 de noviembre próximo.Están en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales de éstos territorios.Más de 100 comunidades en MisionesRespecto al caso Misiones, el legislador expuso las realidades a las que son sometidas muchas comunidades: "Desde la promulgación de la norma en 2009, sólo el 60% de las aldeas fueron relevadas y hubo presiones e irregularidades para que las comunidades firmen relevamientos inexactos, por ello la mayoría de las comunidades están aún en terrenos privados, sin título de propiedad, emergidos a un constante hostigamiento a ser desalojados, además de algunas comunidades que ya sufrieron intento de desalojos violentos donde perdieron recursos naturales vitales para su cultura ancestral, como es el caso de las comunidades Kokureì y Chapaì, que aún siguen con hostigamientos y amedrentamiento por parte del municipio de San Ignacio”, detalló.Sobre la posición de los legisladores de la tierra colorada en el tratamiento de este tema, manifestó que "nos hace daño que dos senadores por Misiones se hayan negado a acompañar este tema a favor de los pueblos originarios, y nos llama la atención que estos senadores, sabiendo que en Misiones hay más de 100 comunidades mbya guaraní, hayan votado en contra de la prórroga”, finalizó.
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