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Empresario admitió que le alquilaba el abasto a uno de los sospechosos del crimen de D’Amico

8 septiembre, 2017

Se presentó este jueves y guardó silencio ante la jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, el empresario ganadero de la zona Centro de la provincia citado como “testigo sospechoso” por la causa en la que se investiga el asesinato del distribuidor de carne Nicolás D’Amico.

Como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, el empresario de 58 años fue llamado a testimoniar tras el caudal de datos y pedidos de informes presentados por los abogados querellantes Claudio Katiz y Luciano Luna, en representación de María Alejandra Abrantes (viuda de D’Amico).No pudo concurrir a la primera citación efectuada para el lunes 28 de agosto.

En esa oportunidad, su abogado patrocinante presentó un certificado médico y se le fijó la nueva fecha para declarar. Ayer cumplió con la obligación y, de fuentes confiables, se pudo establecer que negó haber tenido alguna relación comercial o patrimonial con los cinco involucrados en el expediente y que solo a  uno de ellos le “alquilaba” el local de la avenida Las Américas de Oberá, donde funcionaba el abasto al que D’Amico proveía carne de una cadena frigorífica de Lobos, Buenos Aires.

Admitió que lo conocía porque se había iniciado como empleado de esta carnicería. Y que con el correr de los años decidió alquilarle el predio y proveerle carne de su producción en la localidad misionera de Campo Grande.

También sostuvo que al momento del asesinato de D’Amico, llevaba mucho tiempo manteniendo solo la relación de alquiler en comodato porque su inquilino le había solicitado romper el vínculo como su proveedor porque obtuvo como alternativa uno de mejor precio para sus intereses.

Vale recordar que los querellantes presentaron el pedido de citación en carácter de “testigo sospechoso” en mayo, y en el planteo sostienen además la necesidad de requerir diez pedidos de informes que abarcan desde el Banco Central de Argentina y AFIP, a los registros de habilitaciones comerciales provinciales y de la Municipalidad de Oberá.

 

“Relación directa”

La querella sospecha que este empresario tendría “relación directa con la orden de matar” a “Junior” D’Amico (bonaerense de 35 años) durante la noche del viernes 30 de octubre de 2015 en un abasto de Oberá y luego calcinar su cuerpo dentro de su Volkswagen Bora en el paraje Chatón, jurisdicción de Leandro N. Alem.Al empresario lo relacionan con uno de los cinco procesados que tiene la causa y supuesto propietario del abasto donde habría sido ultimado D’Amico.

Para los querellantes se trata de un “presta nombre” o “testaferro”. Consideran que el empresario misionero y su entorno, “montaron en la práctica una asociación ilícita, para llevar adelante sus ‘negocios’, donde cada uno ha cumplido un rol perfectamente establecido, con distintos rangos: dueño, encargado, pero que, sin lugar a dudas, el ‘jefe’ y organizador del esquema” es el misionero al que apuntaron.

Señalaron que en los informes periciales surgen comunicaciones los días previos y posteriores al asesinato y que el presunto “mentor” del homicidio “concurría en forma asidua, casi a diario”, al abasto donde fue se concretó a barretazos la muerte.

Tags: D'AmicoHomicidioMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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