La Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes presentó este jueves una campaña mediática (para radio, televisión y gráfica) contra el abuso sexual infantil que muestra una realidad que avergüenza: mientras que en el país, seis de cada diez casos de abuso sexual suceden en el hogar de la víctima; en Misiones nueve de cada diez chicos abusados sexualmente tienen a un familiar como agresor. En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el defensor de los niños, Miguel Molina, reflexionó sobre la necesidad de no quedar callados ante este delito pero también advirtió sobre fallas y contrasentidos en el acceso a la Justicia por parte de las víctimas. Sobre este último tema lanzó un dato no menor: ninguna Comisaría de la Mujer de la provincia recibe la denuncia de los menores de edad si no están acompañados de un adulto. Una traba que resulta aún más grave al observar que, según revelan los estudios sobre el tema, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del hogar y bajo el conocimiento (y en muchos casos consentimiento) de las madres de las propias víctimas.“Incluso hay instancias donde se pide a los niños que asista con su mamá y su papá; esto es absurdo porque esos adultos pueden estar implicados en el abuso. Hay muchas prácticas administrativas contrarias a la Convención Internacional del Niño, la Ley Nacional 26.061 de Protección de los Derechos de la Infancia y la Ley Provincial 216, que prevén que el niño sea escuchado. El problema es que el niño es considerado inhábil en los ámbitos administrativos y debemos hacer un cambio cultural al respecto”, destacó el funcionario. Protección a quienes denuncianMolina se refirió además a la necesidad de tener una política de contención y protección hacia los docentes, profesionales de la salud y otras personas que, por su trabajo en contacto con los niños, son los que detectan y más denuncian estos casos ante la Justicia. Señaló que “la Defensoría presentó un pedido ante el Consejo General de Educación (CGE) para que contemple la figura del traslado docente inmediato y preventivo en estos casos, pues hubo varios casos de docentes que denunciaron casos de abusos sexuales y luego fueron amenazados por los parientes y los progenitores de las víctimas. Lo mismo se debería aplicar en el sistema de Salud Pública y los otros organismos donde un empleado realice una denuncia de abuso sexual infantil. Lo que pedimos es que ese trabajador cuente con protección del Estado, que esta asistencia incluya abogados y su traslado, cuando sea necesario”, remarcó. Fondos para los hogares Los 18 hogares convivenciales que hay en Misiones, donde viven 396 niños menores de 18 años, recibirán 500 mil pesos, en dos etapas, durante este año para refacciones edilicias. Estos fondos especiales serán otorgados por la Cámara de Diputados provincial. Ayer, jueves, recibieron los primeros cheques de 250 mil pesos (queda prevista la entrega de otros 250 mil pesos) los hogares de niños de Leandro N. Alem, Puerto Rico y de San Pedro. El hogar de niños de Puerto Rico, por ejemplo, que funciona en un predio con siete casas donde viven los niños con sus cuidadores, destinará este dinero a la instalación del sistema cloacal y su conexión a la red cloacal.Según precisó Molina, estos fondos son paralelos a la cápita que forma parte del presupuesto de la Vicegobernación y reciben todos los hogares convivenciales de la provincia y que representan un monto que triplica una asignación universal (3.200 pesos por niño). No obstante a la universalización de este aporte per cápita (antes no lo recibían todos los hogares), el Estado no alcanza a cubrir el 50% del mantenimiento de los hogares de niños. Costo de un niño institucionalizado“Según un estudio que estamos realizando junto al Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF) y los hogares convivenciales de la provincia, el costo mensual de un niño institucionalizado está alrededor de los 6.000 pesos, es decir que hay un porcentaje importante que no cubre el Estado y lo ponen las organizaciones a través de fondos que consiguen de distintas fuentes”, indicó Molina. En este contexto, señaló que “queda también por resolver la cuestión de los recursos humanos profesionales que se desempañan en los hogares de niños, la ley exige que exista un equipo interdisciplinario que, en la actualidad, no lo tenemos en todos los hogares y, en los casos donde están estos profesionales, ocurre que la mayoría de ellos presta sus servicios por compromiso solidario en forma ad honórem”. Para el funcionario, es necesario una mayor presencia del Estado, “así como el Estado paga los sueldos de los docentes de los colegios privados (subvención), también debería haber una planta funcional reconocida por el Estado en los hogares de niños convivenciales. Yo realmente creo que vamos a llegar a esto en la medida que vayamos logrando mayores niveles de institucionalización”, analizó el defensor de los niños de Misiones.
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