La demanda de la bonaerense pone en tensión a todo el sistema de reparto de fondos coparticipables, y con ello a la propia relación Nación-Provincias, siempre inestable en un país fuertemente centralista. Si la Corte hiciera lugar al reclamo de Vidal para que se declare inconstitucional la cláusula de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un tope de 650 millones de pesos anuales en la participación del 10% que la Provincia tiene en el producto del gravamen, el resto de los Estados provinciales sufriría un fuerte recorte en sus recursos. En el caso de Misiones, se estima que se perderían 3.000 millones que llegan hoy en concepto de coparticipación. Este dramático efecto de “frazada corta”, que se dispararía inevitablemente en caso de que Vidal consiga su objetivo, muestra la delicada cuestión financiera que subyace a esta puja que hoy se presenta en clave político-electoral. Así lo dio a entender el presidente Macri cuando ni bien terminada la reunión de gobernadores, salió a apoyar públicamente a Vidal. “La Corte debería tener en cuenta el reclamo porque es bastante claro que el más perjudicado en todos estos años por la incorrecta aplicación del Fondo del Conurbano es la provincia de Buenos Aires”, recitó Macri en declaraciones a una radio de Mar del Plata. La opinión resulta claramente impropia de la investidura de un Jefe de Estado; sobre todo al ser una opinión en el marco de un juicio contra el Estado. Los propios gobernadores no exhibieron una clara voluntad de plantar bandera en defensa del federalismo sin concesiones a un inestable escenario político, sino al contrario. La propia reunión, en la que se abordó un tema central para el futuro del país federal, apareció mezclada con tácticas personales frente a una interna partidaria.
Discussion about this post