Los manifestantes reclaman que se trate en el Congreso el proyecto presentado por sectores de oposición que impulsa diferentes medidas concretas para asistir a los sectores más vulnerables. También se pide que se aplique con mayor énfasis la Ley de Emergencia Social, aprobada por el Congreso. La norma fue producto de un pacto entre las organizaciones y el Gobierno nacional en el que acordó el pago de un “salario social” a desocupados, equivalente a la mitad del monto del salario mínimo. La legislación, sin embargo, está lejos de ser una panacea, cuando se la acompaña con subas constantes del costo de vida, despidos por “goteo” en el mercado laboral.No es difícil ver que la ley de emergencia se diseñó para dar “oxígeno político” al Gobierno en un contexto de descontento social creciente; más que para resolver los problemas concretos de la gente, como la alimentación y el trabajo. Son visibles, sin embargo, los mecanismos mediante los cuales el propio Gobierno, a través de políticas de redistribución regresiva del ingreso, provoca la emergencia. Los tarifazos del Ministerio de Energía y Minería son un caso ampliamente debatido, en el que se castiga al consumidor para garantizar recursos a las empresas concentradas de generación y distribución.Menos visible es la realidad de las 5 millones de familias que en el país dependen del GLP, el gas en garrafa. Un especialista calculó que con el último aumento de la garrafa, en junio pasado, el precio oficial subió en 39%. Estimó que, además del brutal incremento en sí, solo por no contar con gas natural, estas 5 mil familias pierden en total 324.419.000 de pesos por mes; si compran la garrafa en la distribuidora. Si la reciben en el domicilio, la pérdida se eleva a 1.274.440.500 pesos mensuales. Este es solo un ejemplo de cómo se incentiva la emergencia social que no se quiere reconocer.
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