Cuando la polémica parecía cerrada, estalló un nuevo capítulo, esta vez más allá del alcance del Poder Judicial. Diputados de Avancemos pidieron informes al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones para que explique las razones por las que el cuerpo solicitó informes, inició sumarios e impulsó denuncias contra al menos cinco jueces en circunstancias que para los propios legisladores aún no están del todo claras.Tal como PRIMERA EDICIÓN había adelantado semanas atrás, la principal preocupación de los representantes legislativos guarda relación con lo que sucedió tras la excarcelación de los transportistas Lucía Olmo (63) y su hijo, Fabio Durán (37), condenados a veinte años de prisión en noviembre de 2011 por el abuso de dos niños de cuatro y cinco años.Aquella sentencia, adoptada por el Tribunal Penal 2 de Posadas, tardó más de ocho años en quedar firme. Justamente, antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera y así lo decidiera -días atrás-; la defensa de los imputados pidió en 2013 una excarcelación extraordinaria, en virtud del lapso transcurrido, violatorio de la propia Constitución Nacional y de los pactos internacionales adheridos.La causa “durmió” durante al menos tres años en el STJ, hasta que en abril último los magistrados César Jiménez, Marcelo Cardozo y César Yaya -subrogantes en el TP 2- resolvieron dar lugar a la excarcelación de los transportistas hasta que la sentencia quedara firme, apoyados en el riesgo de que el país sea sancionado por organismos internacionales. Pero también amparados en que los acusados se ajustaron siempre “a derecho” durante el proceso.Sin embargo, pese a los fundamentos -basados en jurisprudencia de la Corte, tal como el caso Grassi- el STJ solicitó informes al TP 2 e incluso impulsó una denuncia a los tres jueces para saber si habían incurrido en algún tipo de delito con su fallo. La cuestión alcanzó repercusión nacional, al punto que organizaciones de prestigio como la Asociación Pensamiento Penal (APP) condenó aquella denuncia y habló de una “presión a los jueces”.Todo terminó cuando el juez Carlos Giménez, del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas, archivó ese requerimiento de investigación, fundado en el artículo 140 de la Constitución Provincial, que establece que los jueces “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos o dictámenes”.No obstante, los diputados provinciales también solicitaron informes en relación a otros dos casos que preocupan. El primero tiene que ver con una supuesta intromisión en expedientes que tramita el magistrado Ricardo Balor, al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, y el segundo con el inicio de un sumario al titular del Juzgado de Familia 1 de Oberá, Gabriel Moreira.“Poner en duda cada sentencia de los jueces, es una intrusión en la libertad de su desempeño, ya que el mismo estaría sujeto a exámenes constantes y no podría elaborar sus sentencias sin la presión de las concebidas investigaciones posteriores”, opinaron los diputados que solicitaron el pedido de informes. Agregaron que los magistrados “no podrían desempeñar con total libertad sus funciones para lo cual fueron designados, más aún si pensamos que sus designaciones son de por vida. Ninguno de los jueces supuestamente sometidos a investigaciones y sumarios administrativos, no ha sido sujeto de juicio político”.
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