Grupos de activistas y políticos iniciaron una campaña para presionar al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien tomará la decisión final sobre la renovación del TPS a los 50.000 haitianos que viven en Estados Unidos bajo ese programa. Además, alertaron sobre el riesgo del fallo, que podría sentar las bases para determinar el destino de cientos de miles de centroamericanos amparados en programas similares. "Dada la realidad, si el gobierno no renueva el TPS para los haitianos existe un gran riesgo de que se tome la misma decisión con la próxima renovación de salvadoreños y centroamericanos. El panorama se ve muy complicado", alertó Salvador Sanabria, director del grupo de ayuda a inmigrantes salvadoreños El Rescate, en declaraciones a la agencia de noticias EFE.El TPS es un estatus migratorio que el gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.La polémica sobre el futuro de ese programa se desató el mes pasado cuando se filtró a los medios una carta en la que el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (Uscis), James McCament, recomendaba al gobierno no renovar el beneficio, otorgado por el ahora ex presidente Barack Obama. McCament argumentaba que las condiciones de vida habían mejorado lo suficiente en Haiti, tras el terremoto de 2010, que es considerado una de las catástrofes humanas más graves de la historia con 316.000 personas muertas, 350.000 heridas y más de 1,5 millones de personas que se quedaron sin hogar."Si el gobierno dice que Haití ya superó la crisis por la emergencia de hace 7 años, qué puede decir sobre El Salvador, que obtuvo la protección por los terremotos del 2001, y los hondureños y nicaragüenses, fueron beneficiados en 1998 por el Huracán Mitch. Bajo esos argumentos lo van a suspender", advirtió Sanabria.Según datos de Uscis, más de 350.000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.El abogado José Lagos, que participó en las negociaciones entre El Salvador y la Administración de Geroge W. Bush (2001-2009) para el TPS de 2001, opinó que la decisión va a depender de las condiciones particulares de cada país. La decisión sobre el amparo se debería basar en las condiciones actuales de los países y si tienen la capacidad de recibir a sus ciudadanos después de haber sufrido una catástrofe o si aún persisten las consecuencias que llevaron a que se otorgara el beneficio migratorio, pero los activistas desconfían del Gobierno.Los 350.000 inmigrantes que corren riesgo de perder su residencia, también podrían perder los aportes que realizaron durante muchos años de trabajo. "Si una persona es deportada pierde sus beneficios inmediatamente y solo los podrá recuperar si obtiene la residencia permanente", explicó Lagos."En el caso de Centroamérica estamos hablando de más de 300.000 personas que han trabajado por más de 15 años y tienen sus familias y su vida aquí. Sería inhumano expulsarlos del país", consideró Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles.Fuente: Agencia de Noticias Télam
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