Tras el operativo de <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/246597/desalojan-la-exfabrica-de-ceramica-guatambu-en-montecarlo.html">desalojo que se concretó el domingo por la mañana en la empresa Cerámicas Guatambú de Montecarlo</a>, después de más de cinco meses tomada por sus trabajadores, los ladrilleros iniciaron un acampe a 200 metros del predio, interrumpiendo el paso en el único acceso. “No nos iremos hasta que nos den una respuesta. Pedimos que nadie sea despedido y que se nos garantice el pago de nuestros haberes, vacaciones, aguinaldos y créditos”, señaló Luis Ríos, operario de la fábrica. Los trabajadores mantendrán este lunes una reunión con autoridades municipales, ante quienes buscarán arribar a una solución.El desalojo fue dispuesto por el juez Roberto Saldaña, del Juzgado Penal 1 de Eldorado, tras la causa iniciada por el propietario de la exfábrica contra los operarios por usurpación.“Se intimó para que se haga el desalojo de la empresa, finalmente se concretó el allanamiento para sacar a los empleados que estaban dentro, y así se pueda continuar con el normal desenvolvimiento de la fábrica”, argumentó el juez Saldaña.Por su parte el abogado de la empresa, Claudio Paniagua, sostuvo que la decisión de los operarios de tomar la fábrica “no es un mecanismo jurídico a seguir”.“Hay dos procesos diferentes: uno es la parte laboral que dio lugar a un embargo preventivo; y otro es la parte penal por el cual el empresario, en el justo reclamo de sus derechos, hizo la correspondiente denuncia por usurpación, y finalmente se concretó el desalojo”, explicó Paniagua y aclaró que “en el derecho laboral no existe el derecho de retención, de usurpación o de ocupación de una empresa por falta de pago”. Cabe recordar que un grupo de ocho trabajadores mantuvo hasta ayer tomada la exfábrica Cerámica Guatambú en reclamo de haberes, aguinaldos y vacaciones adeudados cuyo monto total, según estimaron los operarios, superaría los 4.700.000 pesos.“Ellos reclaman una suma sideral y eso se va a discutir en el fuero laboral, que se encargará de decidir la veracidad del monto. Están pidiendo 4.700.000 pesos, pero esa suma no es la que se debe. Se adeudan en total dos quincenas nada más. La causa laboral sigue vigente ante la Justicia”, remarcó Paniagua. Manifestó además que el empresario buscará poner en funcionamiento nuevamente la fábrica. “Ahora el propietario podrá recuperar su empresa y ponerse a trabajar. Hay una orden de no innovar y los bienes están embargados, es decir, que si eventualmente el juez laboral da lugar al pedido de los trabajadores, ellos van a poder cobrar su crédito”, señaló el abogado.
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