El proyecto en estudio ordenaría al Estado Argentino "que se abstenga de aplicar" el fallo de la Corte Suprema que decidió aplicar la derogada ley del 2×1 a pedido de la defensa del genocida Luis Muiña y que los efectos de ese fallo queden suspendidos hasta que el tribunal internacional determine si esa sentencia implica una violación de la Convención de Derechos Humanos.Tras hacer un detallado relato de cómo llegó la causa Muiña a la Corte Suprema, la legisladora pidió que se dilucide si es "convencionalmente válido modificar la duración de la pena dictada a una persona autora de delitos de lesa humanidad y si dicho principio se aplica con la misma intensidad o alcance sin diferenciar entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes, o bien adquiere una intensidad o alcance distinto se trate de uno u otro delito”.En ese sentido, la diputada Victoria Donda señaló que “la denuncia no tiene por objeto que se revise la sentencia del Alto Tribunal argentino, sino, por el contrario, que verifique si la conducta seguida por las diferentes instancias judiciales (la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluida) implica una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Juicio políticoEl bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó un pedido de juicio político "por mal desempeño en ejercicio de sus funciones" contra los jueces de la Corte que votaron a favor del fallo.Este pedido es encabezado por el diputado camporista e hijo de desaparecidos Juan Cabandié y tiene como blanco a los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, Fuentes: Télam – NA
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