En ese marco, se realizó en el Edificio Torreón -sede de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial- una capacitación dirigida al personal penitenciario y profesionales que se encargarán de efectuar el monitoreo técnico y social de los detenidos bajo la referida modalidad. La capacitación estuvo a cargo de las Licenciadas Mariel Viladrich y Sol Bonaguro, quienes integran el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social.Participaron de la presentación y posterior capacitación el subsecretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni; la directora General del Servicio Penitenciario, Alcaide Gral. Nilda Estela Correa; el subdirector General, Alcaide Gral. Julio Cesar Zarza; el inspector General, Alcaide Gral. Eduardo Ramón Galban; y la plana mayor de la Institución como así representantes de la justicia provincial.El subsecretario de Seguridad y Justicia explicó que: “Una vez que el juez lo solicita, desde el Patronato de Liberados se hace un informe socioambiental y técnico en el domicilio, para ver si están dadas las condiciones que requiere la instalación de la pulsera electrónica y los dispositivos de monitoreo. Esto se informa al juez, que después decide si otorga el beneficio de la prisión domiciliaria con la pulsera electrónica”.Además agregó “este tipo de monitoreo es esencial para el trabajo que venimos desarrollando en cuanto a la resocialización y sigue los lineamientos de las reglas y tratados internacionales sobre trato humanitario a los privados de libertad”.Las capacitadoras explicaron que la iniciativa forma parte del programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, creado en junio del año 2015 y depende de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.Luego, el Programa se extendió a otras provincias “a fin de que sea susceptible de destinarse a personas adultas condenadas o procesadas por la Justicia nacional, federal o provincial; en este último caso, en los términos y condiciones que se acuerden con cada una de las jurisdicciones implicadas” señalaron.El programa busca colaborar con el Poder Judicial y está destinado a personas detenidas en particulares condiciones de vulnerabilidad, o sea internas/os adultas/os de baja peligrosidad, enfermos, ancianos, discapacitados, embarazadas y madre de niños menores de 5 años siempre que la entidad judicial lo considere necesario. El mismo contará con la activa participación de un calificado equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y técnicos que luego de la solicitud judicial evaluarán las condiciones técnicas y sociales del domicilio, del interno y su grupo familiar o referente para determinar la viabilidad o no para implementar el dispositivo.Una vez colocadas las pulseras o tobilleras, éstas emitirán una señal que será monitoreada las 24 hs. La misma permitirá conocer los movimientos de las personas y emitirá una alarma si el detenido sale del perímetro de la vivienda como así otras situaciones que puedan alterar el normal funcionamiento del dispositivo.
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