Luego del juicio a las juntas militares en 1985 se profundizó la tensión entre el gobierno de Raúl Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Las sospechas y las acusaciones que pesaban sobre muchos militares por haber realizado crímenes de lesa humanidad generaron un estado de malestar en las filas castrenses.Con el objetivo de atenuar las quejas de los militares, en diciembre de 1986, el gobierno sancionó la llamada “ley de punto final”, que limitaba la acción de la justicia y fijaba plazos de 30 y 60 días para nuevas denuncias y procesamientos a militares. Sin embargo, esta decisión no logró frenar las exigencias de los uniformados quienes querían una solución política definitiva para el juzgamiento de aquellos graves delitos.En Córdoba, a mediados de abril de 1987, durante la celebración católica de la Semana Santa, el mayor Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro clandestino de detención “La Perla", se negó a hablar y se declaró en rebeldía. En Buenos Aires, el coronel Aldo Rico se sumó a la rebelión y ocupó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.El repudio de la sociedad fue masivo y se demostró en movilizaciones de todas las fuerzas políticas y sindicales en defensa de la democracia. Luego de cuatro días de tensión, el domingo de Pascua, el Presidente de la Nación anunció a la multitud, reunida en la Plaza de Mayo, la rendición de los sublevados.Fuente: educ.ar
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