El Gobierno analiza la opción de no poner un piso de edad en el nuevo régimen penal para menores que impulsará en los próximos meses y apunta a la restricción de permanencia de extranjeros como eje para combatir el narcotráfico, en dos de los temas de seguridad que más atención concentra en la Casa Rosada.Según confirmaron a Télam altas fuentes del Ministerio de Seguridad, "una de las posibilidades que se analizan es que no haya edad mínima de imputabilidad, y que cada juez atienda el caso con sus particularidades".Desde el oficialismo -a sabiendas de la polémica que puede causar dejar la imputabilidad sin piso de edad- remarcaron que "es una posibilidad, que algunos especialistas recomiendan y por eso se analiza, pero no la única", y agregan que de esta forma se podría actuar "en cualquier caso de menores que delinquen sin importar la edad y protegerlos de los autores intelectuales del delito, porque muchas veces son usados como mano de obra".En el equipo de la ministra Patricia Bullrich señalan que "el consenso general para designar un piso de edad para el régimen penal juvenil es 14 (para la ley actual es 16)" y aseguran que por el momento no se tiene pensada fecha para el envío de un proyecto de ley al respecto, ya que será un debate que califican de "muy complejo y largo".Desde comienzo de año, funcionarios del Gobierno -como Bullrich, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio Presidente- admitieron que está en proceso de análisis la baja de la edad de imputabilidad, aunque gana fuerza la idea de crear un régimen penal juvenil especial que no los lleve a cárceles comunes.Por otro lado, en el Ministerio de Seguridad dejaron trascender que "la prioridad número uno para 2017 seguirá siendo la lucha contra el narcotráfico", con aval presidencial y un enfoque especial en los ciudadanos extranjeros vinculados a ese delito.Es que según los números que maneja el ministerio, "el 30 por ciento de los detenidos en cárceles por narcotráfico son extranjeros, mientras que por delitos comunes el porcentaje desciende a sólo el 6%".La mayor parte de esos detenidos -muchos esperando condena- "son peruanos, bolivianos, paraguayos y en menor medida, mexicanos y colombianos".Con esos números en mano, el Presidente firmará "esta semana a más tardar" un decreto a pedido de la ministra Bullrich que acelera los tiempos de expulsión de nuestro país a extranjeros con antecedentes penales.En la arena legal, tanto Bullrich como la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, insistirán este año en la aprobación de la ley de extinción de dominio, que ya tiene media sanción en Diputados pero que el Senado rebotó por "errores técnicos"."Aunque esa ley es más famosa por el efecto que tiene en funcionarios con bienes obtenidos gracias a la corrupción, en realidad tiene una finalidad esencial para luchar contra el narcotráfico. Macri la había pedido especialmente porque se la recomendó el presidente (Juan Manuel) Santos para combatir el narco", explicaron desde el oficialismo.Igualmente, todo cambio que no sea administrativo (como la expulsión de migrantes ilegales) e implique una modificación del Código Penal debe pasar por el Congreso.Fuente: Télam
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